Durante una Asamblea Extraordinaria convocada por la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios exigieron la derogatoria de los actos administrativos que, afirman, están perjudicando a las regiones. 

En una Asamblea General Extraordinaria celebrada en Bogotá, los gobernadores de Colombia expresaron su preocupación por los recientes decretos y resoluciones emitidos por el Gobierno Nacional, los cuales, según los mandatarios, ponen en riesgo la inversión social y la autonomía regional. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en nombre de la Federación Nacional de Departamentos, solicitó la derogatoria de los actos administrativos que, según ella, «están asfixiando a las regiones» y afectando gravemente los recursos destinados al desarrollo local.

Durante el encuentro, el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación de Departamentos, Erasmo Zuleta, anunció la convocatoria de una mesa de trabajo urgente con miembros del Gobierno Nacional para abordar el tema. En un video difundido, Zuleta manifestó que los decretos recientes «van en contra de la autonomía y descentralización de los territorios».

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Por su parte, la gobernadora del Tolima detalló varios puntos críticos, como la afectación de la bolsa de regalías y las nuevas cargas impuestas a departamentos y municipios, que según indicó, afectan el funcionamiento de los recursos propios. Matiz también señaló el impacto negativo en el sector salud, con más de 500 mil millones de pesos en cargas administrativas impuestas por decisiones del Ministerio de Salud.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, subrayó la necesidad de mantener un equilibrio económico entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para asegurar el desarrollo económico y social de las regiones. «Ratificamos nuestra voluntad de luchar por una autonomía regional real», enfatizó Verano.

Ante estas inquietudes, los mandatarios seccionales insistieron en la urgencia de revisar y modificar los decretos que, a su juicio, ponen en peligro el bienestar de las regiones y su capacidad de inversión social.