Adriana Matiz expuso en la FILBO las acciones adelantadas frente a esta actividad y señaló impactos en seguridad, ambiente y condiciones sociales en la región

Durante su participación en un panel de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió a la situación de la extracción ilegal de oro en el sur del departamento y a las acciones que, según indicó, han adelantado las autoridades para enfrentar este fenómeno.

En el espacio denominado «Minería ilegal, degradación de ecosistemas y gobernanza territorial en el sur del Tolima», la mandataria señaló que esta actividad ha generado afectaciones ambientales y sociales, además de problemáticas relacionadas con seguridad en la región.

Matiz explicó que una de las primeras medidas adoptadas fue visibilizar la situación a nivel nacional, ante lo que describió como una superación de la capacidad institucional local para atender el problema. En ese contexto, indicó que se solicitó el acompañamiento de entidades del orden nacional, incluido el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de fortalecer las acciones en el territorio.

Durante su intervención, la gobernadora también hizo referencia a las ganancias que, según afirmó, estarían obteniendo los grupos ilegales vinculados a esta actividad. De acuerdo con sus declaraciones, estos ingresos podrían alcanzar cerca de 7.000 millones de pesos mensuales, derivados de cobros a quienes ingresan maquinaria y de porcentajes sobre la extracción.

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Asimismo, señaló que uno de los retos identificados es el control del ingreso de maquinaria pesada a las zonas afectadas, mencionando dificultades en la aplicación de la normativa vigente durante operativos en vías. También indicó que, en algunos casos, el ingreso de equipos se realiza por rutas no oficiales.

La mandataria agregó que actualmente se desarrolla un plan piloto con apoyo de la Fuerza Pública para enfrentar esta problemática, y que se han registrado acciones recientes en medio de operativos en la zona. Según expresó, la situación continúa siendo objeto de intervención por parte de autoridades regionales y nacionales.

El pronunciamiento se dio en medio de un contexto en el que persiste la preocupación por el impacto de la extracción ilegal de oro en el sur del Tolima, tanto en el entorno ambiental como en las dinámicas sociales y de seguridad del territorio.