El ente busca confirmar condena de 12 años de prisión en contra del exmandatario de los colombianos.

La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación con el objetivo de revocar la sentencia de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El ente acusador busca que se confirme la condena inicial de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia en primera instancia.

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Ramírez, firmó el documento de 108 páginas en el que se argumenta que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en «graves y trascendentes errores» al absolver a Uribe, incluyendo violaciones indirectas de la ley por yerros en la apreciación de las pruebas.

Específicamente, la Fiscalía cuestiona la exclusión de interceptaciones telefónicas, considerándolas válidas y no producto de un actuar indebido, así como la valoración fragmentada de testimonios clave de testigos como Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco.

Este recurso extraordinario se suma al presentado el pasado 13 de enero por las víctimas reconocidas en el proceso, entre ellas el senador Iván Cepeda Castro, quien también solicitó a la Corte Suprema revisar el fallo absolutorio y restablecer la condena de 12 años.

Los abogados de las víctimas, como Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, argumentaron en un documento de 312 páginas que el Tribunal Superior omitió evidencia crucial y realizó una interpretación errónea de las pruebas, buscando impugnar la absolución emitida el 21 de octubre de 2025.

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Antecedentes del Caso

El proceso contra Uribe Vélez se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por presunto fraude procesal y soborno a testigos, alegando que el expresidente y sus allegados intentaron influir en exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para que modificaran declaraciones que lo vinculaban con grupos armados ilegales.

En agosto de 2025, una jueza de primera instancia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esta decisión en octubre del mismo año, absolviéndolo por considerar insuficiente el material probatorio.

La Fiscalía sostiene que la absolución resultó de una «valoración errada del acervo probatorio», incluyendo la descalificación indebida de pruebas y la omisión de análisis integrales.

Ahora, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite la demanda y, de ser así, si revoca la absolución para confirmar la condena original.

El anuncio ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios. La decisión de la alta corte podría tardar meses, marcando el último recurso disponible en esta larga batalla legal.