En Prado un proceso de desalojo dejó a 17 familias indígenas a la deriva

La comunidad afectada argumenta que habitó el predio con el respaldo de documentos legales y precisa que no se invadió terrenos aledaños.

El Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, rechazó el desalojo al que fueron sometidas varias familias de la comunidad indígena Akiras del Sol, asentamiento ubicado en la vereda Tomogó zona rural de Prado.

El procedimiento, que se hizo el martes 3 de septiembre, fue adelantado por unidades del Esmad, hoy conocido como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Según miembros del CRIT la diligencia que era de conocimiento de la Alcaldía, dejó a la deriva a más de 100 personas que tuvieron que ser refugiadas en una sede de las comunidades indígenas.

Fernando Zarta, miembro de la junta coordinadora veedora del CRIT, contó que las familias vivían en un predio ubicado en el sector conocido como ‘el embarcadero’, en aproximadamente una hectárea.

Y aunque existen documentos que señalan que las mejoras de dicho terreno son propiedad de un miembro de la comunidad indígena, un particular instauró hace más de seis meses una querella argumentando que se estaba generando una perturbación a la propiedad privada.

Sin embargo, para los afectados esta postura no es cierta porque “no se estaba tocando las tierras de él, esas tierras son de un compañero indígena que compró esas mejoras hace más de 20 años y viendo que las familias no tenían donde habitar les dijo que se fueran para allá e hicieran una casa”, narró Zarta.

Agregó, que durante el proceso se habría probado ante la inspectora de Prado que no se estaba invadiendo el predio del demandante. “Después, en medio del proceso, entra Celsia a reclamar argumentando que eso (tierra) era propiedad de Celsia y lo que dice en la audiencia la inspectora de policía es que eran predios públicos”, explicó el veedor.

Teniendo en cuenta la forma en que se adelantó el proceso, para el miembro del CRIT el hecho es una muestra más de una especie de “persecución” en contra de las comunidades, pues ninguna de las administraciones municipales se ha preocupado por priorizar los procesos de tierras para los indígenas.

Añadió que la Alcaldía de Prado como primera autoridad del municipio emitió un aviso de diligencia de cumplimiento del desalojo para ser ejecutado por la inspección de policía, pero no dio alternativas o soluciones a los afectados.

Zarta señaló que en este caso, que es visto por el denunciante como una invasión, el único que podía intervenir era un juez de la República y no la inspección, pues ya se habían cumplido el tiempo para que esta pudiera actuar.

Pese a los reclamos y argumentos de defensa por parte de las familias indígenas, unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden llegaron al predio y demolieron varias construcciones. Dicha intervención dejó a más 100 personas sin donde pasar la noche.

“Nos tocó recogerlos y los tenemos en una sede de las comunidades indígenas del municipio. Ellos no tienen a donde ir y como si fuera poco los (delegados) del Bienestar Familiar que fueron a la diligencia de desalojo estaban amenazando a las familias con que se iban a llevar a los niños, pero se sabe que el Bienestar Familiar no tiene ninguna injerencia, porque tenemos una jurisdicción especial”, precisó el integrante del CRIT.

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El caso está siendo analizado por los jurídicos del Consejo Regional Indígena del Tolima, de la misma forma, se llevará a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y se buscará apoyo de los senadores indígenas para tomar las acciones pertinentes.

Zarta señaló que no se debe olvidar que Prado hace parte del resguardo colonial Coyaima – Natagaima, por lo que se viene “trabajando para recuperar esos resguardos. A nosotros nos llaman invasores en nuestra propia casa”.

Finalmente, el CRIT a través de un comunicado exigió al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras, agilizar el proceso de compra del predio conocido como el Poira 3 “que cuenta con una oferta voluntaria para la comunidad indígena Akiras del Sol y de esta manera poder iniciar cuanto antes acciones que permitan el restablecimiento de los derechos colectivos de la comunidad”.