Por: Melissa Barreto

“Este 7 de octubre, el último día de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia presentó su posición sobre siete resoluciones que habría apoyado en las que se involucran temas de género. Durante la intervención de Álvaro Ayala Meléndez, embajador ante la ONU, el país se desmarcó de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, limitó la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural. Un pronunciamiento que organizaciones de derechos humanos ven con preocupación.” – Colombia se distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” en Consejo de la ONU– El Espectador.

En este espacio ya hemos mencionado en distintas ocasiones, que los derechos de las mujeres y diversidades sexuales y de género, no son prioridad para este gobierno.

Hemos comentado los alcances de las decisiones que toman, que en una primera instancia parecen inofensivas, pero resultan ser más peligrosas de lo que parecen y esta no es la excepción.

¿Qué significa esta posición diplomática que ha tomado Colombia?

Nuevamente nuestras leyes y sentencias previas no serán modificadas, ni desaparecerán, lo que va a desaparecer es la presión internacional, para exigirle al gobierno actual proteger nuestros derechos.

En un país donde las leyes y derechos parecen estar solo en el papel, este tipo de acciones solo van, a alimentar más, esta realidad.

Colombia es un país que le cuesta reconocer derechos de mujeres y diversidades, que no sabe tipificar un obvio caso de feminicidio, transfeminicidio y demás delitos contra las mujeres y diversidades.

En el que acceder a la administración de justicia es una cuestión no solo de dinero sino de privilegios sociales. Como: Pertenecer a cierta familia, ser de determinado género, determinada raza o condición socioeconómica.

Volvemos a la conclusión de siempre, cuando hablamos de estas decisiones tomadas por el gobierno actual, ¿De qué sirven las leyes y derechos en el papel, si en la práctica no los reconocen?

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Si algo tengo claro, es lo desgastante que es acceder a la administración de justicia en Colombia, algo que cada vez se vuelve más difícil con estas decisiones.

Es importante reconocer estos términos, tanto en materia de justicia, como en políticas públicas y programas sociales.

Ejemplo de ello, el mismo pasado 7 de octubre del presente año, en que Colombia tomo está posición ante la ONU. El ministerio de justicia encabezado por Iván Cancino González, se pronuncio rechazando los hechos ocurridos en el municipio de San Bernardo, Nariño, en donde una mujer de 72 años de edad fue gravemente violentada, hechos que acabaron con su vida. Y en este mismo comunicado el propio ministerio de justicia no fue capaz de reconocer el evidente caso de feminicidio del que fue victima Blanca Emeria Pardo Rosero.

Un caso que es obvio, no se necesita tener al culpable señalado o al menos un sospechoso identificado, para saber que el caso de ella no fue un simple caso de violencia contra la mujer, ES UN FEMINICIDIO, la última y más grave expresión de violencia contra las mujeres.

No se trata únicamente de unos términos de los que “inofensivamente” el gobierno se desligo. Se trata de como la administración de justicia en Colombia va a actuar y e interpretar la violencia hacia las mujeres y diversidades sexuales y de género.

Aviso: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor y no comprometen el pensamiento editorial de Enfoque TeVé 360. Abrimos este espacio como un ejercicio de libre expresión y pluralidad.