Denuncian derroche en licitación de la Alcaldía para las fiestas del folclor

La compra de tamales a $21.000 cada uno y un salario de 80 millones para un comunicador, entre los sobrecostos denunciados por el abogado Felipe Aranzalez quien interpuso una acción de tutela para suspender el proceso de adjudicación que, como ya se sabe, sé lo ganaría la litografía León Gráficas.

La licitación de $8.034 millones destinada por la administración de Johana Aranda, para la logística del 50º Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, se encuentra en el ojo del huracán.

Luis Felipe Aranzalez, abogado especialista en derecho público y magíster en responsabilidad contractual y del Estado, denunció serias irregularidades en este proceso, el cual tendría como único ganador a la empresa León Gráficas, al cumplir con el pliego de condiciones.

Aranzalez desató una tormenta al asegurar que los precios estipulados en la licitación están ‘inflados’ muy por encima de los costos reales del mercado.

“Estamos presenciando un derroche descarado y una presunta corrupción que no podemos tolerar. Más de $2.700 millones se pretenden gastar en tarimas y otros elementos que podrían haber sido comprados a un costo mucho menor”, afirmó el abogado.

Las condiciones de la licitación, según el profesional de derecho, fueron diseñadas para favorecer a un único proponente, León Gráficas.

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La gravedad de la situación se ve exacerbada por el hallazgo de precios exorbitantes en diversos rubros. “Tamales a $21 mil, hospedaje por pareja a $1.300.000, y un comunicador social con un salario de $80 millones por unas pocas semanas de trabajo, son solo algunos ejemplos de los absurdos que hemos encontrado”, detalló el abogado.

Y añadió: «Estas cifras no solo representan un despilfarro de recursos públicos, sino también un grave detrimento fiscal que afecta a toda la ciudadanía”.

La denuncia también apuntó a fallas fundamentales en el cronograma de actividades de la licitación, que originalmente estipulaba la adjudicación para el 9 de junio, pero incluía actividades a desarrollar desde el 27 de mayo. Este desajuste, sumado a la aceleración indebida del proceso, sugiere una falta de planeación y transparencia.

“Es un proceso que nació muerto. Se saltaron tiempos procesales vitales, impidiendo a otros interesados y entes de control hacer las observaciones pertinentes”, agregó el entrevistado.

En respuesta a lo que consideró una clara vulneración del derecho al debido proceso, Aranzalez presentó el pasado 22 de mayo una acción de tutela con medidas preventivas para suspender el proceso y permitir la presentación de observaciones al informe de evaluación. “Nuestro objetivo es garantizar que se respeten los tiempos procesales y se brinde una verdadera oportunidad de revisión antes de tomar una decisión final”, enfatizó.

Finalmente, para algunos analistas del sector público, las consecuencias de este escándalo pueden ser de largo alcance. Además de la acción de tutela, Aranzalez planea interponer una acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, junto con medidas cautelares. Estas acciones buscan no solo la suspensión del actual proceso de contratación, sino también una revisión exhaustiva que podría llevar a una reconfiguración total de cómo se manejan los fondos públicos destinados a eventos culturales en Ibagué.