Son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y política de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

La solicitud hecha por Camargo Assis ante la CIDH, se da por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el defensor del pueblo.

En reunión con quien fuera Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García, Carlos Camargo Assis le manifestó el rol clave que tiene el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región. Por ende, le reiteró la importancia de que la CIDH respalde el SAT a través del otorgamiento de medidas cautelares para las personas que, según el propio Sistema, están en riesgo extremo en el actual ambiente electoral.

En el informe, la Defensoría del Pueblo reveló que un total de tres gobernadores están amenazados, entre los que se destaca el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, así como los mandatarios seccionales de los departamentos de Guaviare y Meta.

Con relación a los alcaldes que están amenazados y con riesgo alto, son: Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

También están amenazados los burgomaestres de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).

Del mismo modo, un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

Candidatos amenazados y víctimas de atentados

Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.

La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.

Le puede interesar: Fiscalía abre investigación en contra de Miguel Maza Márquez por el homicidio de Carlos Pizarro

«No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta», aseguró Camargo Assis.

La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

En ese contexto, se pudo establecer que el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.

Las AGC son las que hacen mayor presencia en el territorio nacional, tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central: 234 municipios de 19 departamentos. Luego, el ELN: en 231 municipios de 19 departamentos. En cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.

“A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, recalcó el defensor del pueblo.