Decano de la Universidad del Externado advierte de riesgos económicos.

En medio de la controversia generada por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que lo elevaría a 1.750.905 pesos más un subsidio de transporte para alcanzar los 2 millones de pesos (denominado «salario vital»), el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, ha expresado una fuerte crítica.

En un video difundido por la institución, Herrera califica la medida como «desafortunada» y advierte sobre sus posibles impactos negativos en el empleo, la inflación y la estabilidad económica del país.

El anuncio presidencial, realizado durante una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, ha generado reacciones divididas. Mientras el gobierno lo presenta como un paso hacia un «salario mínimo vital familiar» para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, expertos como Herrera argumentan que ignora principios económicos básicos.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), alrededor de 2,4 millones de colombianos reciben el salario mínimo, pero el 56% de la economía opera en la informalidad, donde los ingresos son inferiores a este nivel.

Argumentos Principales

El decano Herrera enfatiza que los ajustes al salario mínimo deben basarse en dos variables fundamentales: la inflación y la productividad laboral.

«Si uno revisa los últimos datos, en el mejor de los casos no debería estar pensando en un ajuste cercano al 7% para poder mantener inalterado el poder adquisitivo de los colombianos en la formalidad», afirma.

El catedrático sostiene que un incremento tan abrupto, que representa un alza real del 18,7% (descontada la inflación proyectada), no responde a fundamentos técnicos y podría desencadenar consecuencias adversas.

Entre los riesgos destacados por el académico se encuentran:

• Presión sobre las empresas: El 99,5% de las compañías en Colombia son micro, pequeñas y medianas (Mipymes), para las cuales el costo laboral es un factor crítico. Herrera rechaza la afirmación del presidente de que el salario no debe verse como un costo, argumentando que esta visión ignora la realidad económica.
«Esa presión de costos laborales puede desencadenar una destrucción de empleo y una imposibilidad de generar más puestos de trabajo», advierte, en un contexto donde la creación de empleo formal es un anhelo nacional.

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• Aumento de la inflación: En el mediano y largo plazo, la medida podría elevar los precios de bienes y servicios, afectando especialmente a las personas con menor poder adquisitivo.

Herrera cita la literatura económica y experiencias latinoamericanas para respaldar que decisiones no fundamentadas generan inflación regresiva, que erosiona los beneficios iniciales del alza salarial.

• Falta de soporte técnico y populismo: El decano califica la decisión como «populista» y sin soporte técnico, señalando que el propio presidente reconoce el impacto real del ajuste.
En cambio, propone que los incrementos reales en salarios deben provenir de mejoras en la productividad, atracción de inversiones y certeza jurídica, elementos que, según él, no han sido priorizados por las recientes políticas gubernamentales.

Contexto y reacciones

El decreto presidencial ha sido criticado por sectores políticos y empresariales, quienes lo ven como un riesgo para la competitividad.

Por ejemplo, la senadora uribista Paloma Valencia lo comparó con políticas chavistas, advirtiendo de un posible «chavismo colombiano», aseveró la aspirante presidencial.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han expresado preocupaciones similares, argumentando que el aumento podría agravar la informalidad y frenar la recuperación económica post-pandemia.

Por su parte, el gobierno defiende la medida como un avance social, alineado con su agenda de equidad. Petro ha indicado que el salario vital busca combatir la pobreza y estimular el consumo interno, en un país donde la inflación anual se estima en torno al 5-6% para 2025.

Final del análisis

El decano de Economía de la Universidad del Externado, Juan Pablo Herrera, concluye con una nota de preocupación: «Estamos muy preocupados para 2026. Será un gran desafío para el sector privado y público en general».

Esta intervención de una de las universidades más prestigiosas en economía del país, añade peso académico al debate, recordando que las políticas salariales deben equilibrar el bienestar inmediato con la sostenibilidad a largo plazo.