La Corporación informó que el monitoreo identificó 259 hectáreas adicionales impactadas y documentó afectaciones en cuerpos de agua, coberturas vegetales y ecosistemas de la región.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) presentó los resultados de un nuevo estudio técnico sobre los impactos de la minería ilegal en el sur del departamento, el cual determinó que la superficie afectada asciende a 491 hectáreas. La cifra incluye 259 hectáreas adicionales a las 232 que habían sido identificadas en febrero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el análisis se realizó mediante visitas de campo, sobrevuelos, estudios sobre el recurso hídrico, evaluación de coberturas de la tierra e imágenes satelitales. El monitoreo amplió el área de estudio hacia las quebradas Tuluni, Apa y Guanábano, así como al río Amoyá, además de los sectores previamente evaluados en los ríos Saldaña y Atá, y la quebrada Pole.

El informe señala que fueron identificados 18 tipos de cobertura afectados, entre ellos ríos, bosques riparios, pastos arbolados y cultivos. Según Cortolima, los cauces presentan la mayor pérdida de cobertura, con 137 hectáreas intervenidas por el uso de maquinaria pesada.

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Durante las verificaciones en terreno, la Corporación documentó modificaciones en cauces, aumento de la turbidez del agua, remoción del lecho de los ríos, posibles afectaciones sobre especies de fauna acuática y zonas de recarga hídrica, además del riesgo de contaminación por derrames de combustibles y aceites.

La entidad indicó que en los últimos 12 meses ha participado en 17 operativos interinstitucionales con la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en los que se realizaron cierres de actividades de minería ilegal e incautaciones de maquinaria, mientras sus equipos técnicos verificaron los impactos ambientales generados.

Con base en estos hallazgos, Cortolima informó que adelanta 88 procesos sancionatorios relacionados con este tipo de actividades en el sur y suroriente del Tolima, principalmente en los municipios de Ataco y Chaparral. Asimismo, señaló que la minería ilegal también ha sido detectada en Santa Isabel, Casabianca y San Sebastián de Mariquita, donde continúan las acciones de seguimiento y control ambiental.