Las autoridades anunciaron medidas coordinadas entre entidades nacionales y departamentales, apuntando a intervenir las dinámicas económicas que sostienen esta actividad ilícita. 

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, encabezó un encuentro con altos mandos del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y directivos de Cortolima, en el que se presentaron estrategias orientadas a contener la minería ilegal en el sur del departamento.

Durante la jornada, la mandataria explicó que las acciones no se limitan a operativos en terreno, sino que incluyen labores de inteligencia enfocadas en dos frentes principales: la comercialización del oro extraído de manera ilegal y el control del suministro de combustibles utilizados para la operación de maquinaria pesada.

En ese sentido, Matiz señaló que se han fortalecido los controles sobre las denominadas compra-ventas de oro, particularmente en el municipio de Ataco, así como la vigilancia al abastecimiento de gasolina, insumo clave para el funcionamiento de retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria empleada en estas actividades.

La gobernadora indicó que, ante la presencia de más de 300 máquinas en municipios como Ataco y Chaparral, se ha dispuesto un control más estricto sobre el origen y destino del combustible. Según explicó, estos insumos deben circular por canales específicos que ahora están siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Adicionalmente, se reiteró la prohibición de circulación de maquinaria pesada en los corredores viales que conectan a los municipios de Coyaima, Ataco, Planadas y Chaparral. De acuerdo con lo informado, los vehículos con peso superior a 25 toneladas tienen restringido el tránsito por estas vías, medida que busca tanto la protección de la infraestructura vial como la seguridad de los habitantes.

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La administración departamental recordó que esta restricción está respaldada por una resolución expedida en 2022 y que recientemente fue ratificada mediante coordinación con el Ministerio de Transporte de Colombia, lo que permitirá a las autoridades ejercer controles más efectivos sobre este tipo de vehículos.

En materia de seguridad, la gobernadora Matiz advirtió sobre el incremento de hechos delictivos en Ataco, señalando que estos están relacionados con dinámicas sociales derivadas de la minería ilegal y la llegada de población flotante a la zona. Según cifras presentadas, el municipio registró 6 homicidios en 2024, 12 en 2025 y 10 en lo corrido de 2026.

La mandataria atribuyó parte de este panorama a la presencia de personas provenientes de otras regiones del país que se han asentado en zonas donde se desarrolla esta actividad ilícita, lo que, según indicó, ha generado presiones sobre la seguridad y la convivencia.

Finalmente, Matiz hizo un llamado a reforzar los mecanismos de control interno dentro de la Fuerza Pública, solicitando la activación de procesos de contrainteligencia en el corredor afectado. Asimismo, pidió la rotación permanente del personal de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia desplegado en la zona, con el objetivo de prevenir posibles actos de corrupción y garantizar la transparencia en las operaciones.

La gobernación destacó, además, la articulación con entidades del orden nacional y territorial, incluyendo ministerios, fuerzas militares, autoridades ambientales y alcaldías del sur del Tolima, como parte de una estrategia integral para enfrentar uno de los principales retos en materia de seguridad y control ambiental en la región.