El concejal Camilo Acevedo cuestionó varias actuaciones administrativas y pidió a la Superintendencia estudiar la continuidad de la interventora.

La intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) volvió al centro del debate político luego de las declaraciones del concejal Camilo Acevedo, quien respaldó la solicitud de la alcaldesa Johana Aranda para que no se prorrogue la medida que actualmente tiene la entidad y anunció acciones ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Acevedo cuestionó la gestión de la gerente interventora, Edilma Isabel Hurtado, y aseguró que durante el periodo de intervención se han registrado cientos de contrataciones por millonarios montos. «Desde la fecha de la intervención hasta el último día del mes de julio del presente año 2026, se han celebrado en la Unidad de Salud de Ibagué 804 contratos, que ascienden al presupuesto en ejecución equivalente a 23.000 millones de pesos».

El concejal sostuvo que su cuestionamiento no se limita al manejo contractual y también señaló lo que considera falta de resultados y liderazgo durante la intervención, incluida la fallida iniciativa relacionada con la construcción del Hospital Materno Infantil.

Uno de los contratos mencionados durante sus declaraciones corresponde, según Acevedo, a un servicio por $292 millones, cuya ejecución inicialmente estaba prevista para tres meses y posteriormente habría sido prorrogada. «Acá lo que estamos viendo también es unas actuaciones también con entidades para la toma de muestras en las unidades de salud de Ibagué. Y son situaciones que denunciaremos en su momento, que presentaremos como informe a la Superintendencia con la solicitud de que se releve del cargo a la señora Edilma Isabel Hurtado».

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El cabildante también puso en discusión la composición del personal vinculado a los equipos básicos de salud y afirmó que una parte importante correspondería a trabajadores administrativos. «La mayoría de personas que se estaban contratando en los equipos básicos eran personal administrativo».

Acevedo anunció que presentará formalmente ante la Superintendencia Nacional de Salud el análisis que, según explicó, viene realizando sobre las actuaciones administrativas de la USI, con el propósito de que el organismo determine si Hurtado debe continuar al frente de la intervención.

Sobre la vigencia de la medida, el concejal recordó que la intervención fue establecida mediante una resolución expedida el 9 de diciembre de 2025 y señaló que la decisión sobre una eventual continuidad corresponde a la Superintendencia. «La decisión de que la interventora continúe o no depende de la Superintendencia; solicitud que realizaremos como concejal de este municipio para que tenga a bien estudiar la continuidad de la doctora Edilma Isabel Hurtado».

Las cifras y señalamientos expuestos por el concejal hacen parte de su posición política y deberán ser contrastados con la información contractual y administrativa oficial de la USI y con las decisiones que adopte la Superintendencia Nacional de Salud.