Contraloría General activa función de advertencia por riesgos en la contratación del Gobierno Nacional

La entidad de control identificó 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones suscritos entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, tras el levantamiento de la Ley de Garantías, y alertó sobre posibles afectaciones a la sostenibilidad fiscal en el Gobierno Nacional Central.

La Contraloría General de la República emitió un informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central. El documento, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, activa la función de advertencia ante riesgos que, según el ente de control, podrían comprometer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con el comunicado oficial, «luego de levantada la restricción de Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que refleja un incremento del 22,5% de la contratación en comparación con el mismo periodo de tiempo hace cuatro años”. La Contraloría destacó especialmente “la contratación directa que supera los 11 mil contratos en estas últimas cuatro semanas» y advirtió riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.

El informe señala que el Gobierno enfrenta «presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación”, por lo que “toda decisión contractual debe estar plenamente respaldada por disponibilidad presupuestal y sostenibilidad fiscal”. Agrega que adoptar transferencias, asignaciones o nuevos compromisos sin fuente cierta de financiación “profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público».

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La función de advertencia, de carácter preventivo, busca evitar que los riesgos identificados se materialicen en pérdidas de recursos públicos o afectaciones al patrimonio estatal. La Contraloría identifica siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente, entre ellos la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la efectividad del control contractual.

La advertencia se dirige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda —en su calidad de operador y gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación— y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades del Gobierno Nacional Central.

El organismo de control enfatiza que cualquier aceleración de compromisos «debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución».