La entidad enfatizó que estos procesos buscan garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, en respuesta a rumores difundidos que atribuían otros fines a las revisiones.

La Contralora Departamental del Tolima, Carolina Giraldo Velásquez, desmintió rumores que circulaban en algunos municipios sobre supuestas auditorías con fines políticos. La funcionaria aseguró que las revisiones que se adelantan obedecen exclusivamente al Plan de Vigilancia 2025, definido desde principios de año, y buscan garantizar el control fiscal y la correcta gestión de los recursos públicos en el territorio.

En respuesta a interpretaciones erróneas difundidas en redes sociales, Giraldo Velásquez enfatizó que las auditorías se realizan con criterios técnicos, objetivos y transparentes, y no responden a actuaciones especiales ni a presiones externas. Actualmente, se llevan a cabo auditorías de cumplimiento en municipios como Coyaima y Carmen de Apicalá, centradas en la revisión de los procesos contractuales de la vigencia 2024.

Estas auditorías, de carácter posterior y selectivo, permiten ampliar el análisis hasta cinco vigencias anteriores si es necesario, siempre bajo autorización y supervisión técnica. La Contralora resaltó que estas acciones forman parte de la hoja de ruta institucional para fortalecer el control fiscal y promover la confianza ciudadana en la gestión pública.

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Una auditoría de cumplimiento, según la Ley 42 de 1993 y la Resolución Orgánica 7434 de 2013, es un proceso que verifica que las entidades territoriales cumplan con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que regulan su gestión. Entre los aspectos evaluados están la legalidad y correcta ejecución de contratos, el uso eficiente de los recursos públicos, y el respeto a los principios de la función pública.

La Contraloría del Tolima reafirma así su compromiso con la transparencia y el control responsable, alejando cualquier duda sobre la imparcialidad de sus procesos.