El fallo representa un espaldarazo jurídico y político para la alcaldesa, cuya administración ha estado bajo la lupa de la oposición desde el primer día. 

La elección de Johana Ximena Aranda Rivera como alcaldesa de Ibagué fue ratificada por el Consejo de Estado, que en fallo de segunda instancia del 31 de julio negó la demanda de nulidad, cerrando la puerta a cualquier intento legal por revertir los resultados de los comicios del 29 de octubre de 2023.

El fallo representa un espaldarazo jurídico y político para Aranda, cuya administración ha estado bajo la lupa desde el primer día. La demanda, que incluía graves acusaciones de suplantación de votantes, compra de votos, fraude y trashumancia electoral, fue desestimada por falta de pruebas sólidas y por no demostrar incidencia suficiente en el resultado final.

El Consejo de Estado reafirmó que las irregularidades, por sí solas, no bastan para anular una elección, a menos que tengan un impacto cuantificable en la diferencia de votos. En este caso, Aranda ganó con una ventaja de más de 55.000 votos frente al tercer lugar, lo que blindó su elección, incluso si se aceptaran algunas de las irregularidades denunciadas.

Además, el alto tribunal rechazó la petición de modificar la jurisprudencia vigente para permitir anular una elección únicamente con base en presuntas prácticas ilegales, sin importar su efecto numérico. Para la Corte, la legitimidad democrática se preserva protegiendo el principio de eficacia del voto, no fomentando la inestabilidad institucional por sospechas sin sustento.

El fallo llega en un momento clave: Aranda enfrenta tensiones internas dentro del llamado «barretismo», así como su distanciamiento con el exalcalde Andrés Hurtado y ha comenzado a marcar su propia agenda de gobierno.

La confirmación de su elección fortalece su posición frente a sectores tradicionales del conservatismo tolimense y podría abrirle margen de maniobra frente a figuras como el senador Óscar Barreto, el exgobernador Ricardo Orozco y el propio Hurtado Barrera.

Le puede interesar:“Cuando más lo necesitaba, lo apoyamos”: Concejal Castillo explica por qué no va con Miguel Barreto al Senado

Asimismo, la oposición queda políticamente golpeada. El recurso legal no solo fue rechazado, sino que terminó reforzando la tesis institucional de que el proceso electoral fue legítimo. Las acusaciones de fraude, en ausencia de pruebas sólidas, quedaron reducidas a ruido político.

Para Ibagué, la decisión puede traducirse en una etapa de mayor estabilidad política y administrativa, con menos incertidumbre jurídica sobre el liderazgo local. Pero también representa un desafío: la alcaldesa ya no tiene excusas ni enemigos judiciales a quien culpar. Ahora le toca gobernar, con legitimidad confirmada, pero bajo la presión ciudadana.