El Departamento Administrativo de la Función Pública reportó que el año anterior se ejecutaron 710 acciones de racionalización de trámites en 165 entidades de todo el país.

La Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (DPTSC) de Función Pública, reportó que al concluir 2022 el ahorro para los colombianos por cuenta de la política de racionalización de trámites en el Estado, ascendió en total a $61.229.053.726.

El reporte destaca que el ahorro se logró debido a que el año anterior se implementaron 710 acciones de racionalización a 638 trámites que los ciudadanos realizan en 165 entidades del país.

De las acciones racionalizadas, 178 las realizaron 32 entidades nacionales; en tanto que 532 se ejecutaron en 133 instituciones ubicadas en departamentos o municipios.

En las entidades nacionales las racionalizaciones de trámites se efectuaron especialmente en los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Hacienda y Crédito Público; Educación y Salud.

Las acciones de racionalización de trámites se dividen en administrativas, normativas y tecnológicas, de las cuales en 2022 se realizaron 216, 117 y 377 respectivamente.

Las acciones de tipo administrativo intervienen trámites relacionados con asuntos propios de las entidades; los normativos modifican normas vigentes y los tecnológicos, son aquellos en los que se aprovechan los avances de la tecnología para facilitar la interacción del ciudadano con el Estado.

Este año se seguirá avanzando

La directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Aura Isabel Mora, inició este año liderando un encuentro con entidades del Distrito en la que participaron unos 150 servidores que recibieron asesoría sobre la racionalización de trámites.

En la jornada, que contó con el apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Subsecretaria de servicio a la ciudadanía, Función Pública expuso las estrategias de racionalización e inscripción de trámites que pueden adelantar las entidades para este 2023.

​​​La racionalización de trámites es una política pública de impacto para la ciudadanía que el Gobierno Nacional continuará ejecutando en ciudades, municipios y departamentos.