Al parecer, sin sustento alguno, el exmandatario Ilber Beltrán, habría emitido un acto administrativo para revocar unilateralmente el bilateral.

Por presunto incumplimiento de los parámetros básicos al sustentar un acto administrativo dentro del proceso para contratar la mano de obra para el mejoramiento de vivienda rural y urbana, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces alcalde de Venadillo, Tolima, Ílber Beltrán.

Al parecer, sin contar con los fundamentos jurídicos requeridos, dos días después de suscribir el bilateral de mínima cuantía 010 del 6 de marzo de 2019, el exmandatario habría emitido la revocatoria unilateral del citado proceso contractual.

El ente de control cuestionó la decisión de Beltrán, supuestamente basada en la necesidad de contestar un derecho de petición presentado por un oferente, sin tener en cuenta que ya habían transcurrido los términos para contestarlo, y sin verificar que la solicitud incumplía los requisitos legales mínimos exigidos para su recepción y trámite.

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Además, señala el auto de cargos de la Procuraduría que tras ser llamado a rendir su versión, el interesado en la adjudicación del contrato habría afirmado no haber interpuesto dicha petición ni tampoco reconoció como suya la firma que llevaba el documento del cual no ha sido posible obtener una copia, ni tampoco de su respuesta.

Para el ente de control, la sumatoria de estos posibles hechos habría generado la culminación anormal del proceso contractual, así como la posible vulneración del derecho de otro oferente que presentó el menor valor, a la expectativa de que su propuesta fuera evaluada y seleccionada.

De ser ciertas estas actuaciones, el investigado pudo desconocer los principios de responsabilidad de la contratación estatal y de moralidad de la función administrativa. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente la falta del exfuncionario como gravísima, cometida a título de culpa grave.