El gobierno Petro rechaza vinculación de medidas comerciales con dinámicas electorales y pide respeto a la normativa andina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial en respuesta al reciente anuncio del Gobierno de Ecuador de derogar, a partir del 1° de junio de 2026, las medidas arancelarias que ese Estado aplicaba al comercio bilateral. La Cancillería colombiana precisó el origen legal de dicha resolución y manifestó su postura frente a las declaraciones emitidas desde el vecino país que relacionan decisiones económicas con los procesos políticos internos.

En el inicio del documento, el Gobierno de Colombia aclaró que el retiro de las restricciones arancelarias por parte de Ecuador no corresponde a un acto voluntario, sino al acatamiento de directrices de un tribunal regional superior. Según el texto, «esa decisión debe entenderse como el resultado de las órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio, impuestas al Ecuador en las correspondientes resoluciones expedidas por la Secretaría General de la CAN».

Asimismo, el comunicado señala que atribuir esta medida a coyunturas de índole política «desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre los dos Estados». Colombia enfatizó que las acciones unilaterales previas de Ecuador resultaban «contrarias a los principios y obligaciones que rigen el ordenamiento jurídico andino».

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El núcleo del pronunciamiento radica en el rechazo a la forma en que se presentó la noticia y al impacto de las declaraciones en el marco de los debates políticos actuales en territorio colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su «categórico rechazo, de una parte, a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano».

Adicionalmente, el documento elevó una protesta formal al considerar que las expresiones del mandatario ecuatoriano constituyen una intromisión en los asuntos nacionales. El texto afirma el rechazo «por la deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia», añadiendo que «esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático».

Llamado a criterios técnicos y restablecimiento de simetría

El Gobierno colombiano insistió en que los asuntos relacionados con el intercambio comercial internacional deben mantenerse completamente aislados de las campañas proselitistas. Al respecto, sostuvo que las decisiones de esta índole «deben estar guiadas exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales, con estricto respeto de los compromisos internacionales vigentes y al margen de consideraciones propias de los procesos políticos internos».

Finalmente, como medida de reciprocidad ante la normalización de las condiciones comerciales en la frontera, la Cancillería colombiana anunció que el país adoptará acciones equivalentes en beneficio del mercado binacional: «con el propósito de restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales, procederá igualmente a derogar las medidas adoptadas para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones implementadas por el Ecuador», concluye el comunicado oficial.