Por: Camilo Padilla

La sombra de la megaminería vuelve a proyectarse con fuerza sobre el mapa político del Tolima. Con la reactivación de debates sobre la presencia corporativa en la región, las movidas económicas alrededor del proyecto La Colosa y la inminencia de un nuevo ciclo electoral, el municipio de Cajamarca se encamina a ser, una vez más, el epicentro de la contienda territorial.

Frente a los intentos corporativos por reabrir la puerta extractiva en la despensa agrícola, es indispensable recordar una premisa: la Consulta Popular de Cajamarca ostenta un efecto vinculante inquebrantable.

El mandato mediante el cual el pueblo cajamarcuno le dijo «No» de forma abrumadora a la megaminería posee rango de decisión democrática directa. Su fuerza constitucional soberana prevalece por encima de cualquier desarrollo normativo local. No depende —ni puede ser eclipsada— por el acuerdo municipal que la implementó, ni por los instrumentos de planificación territorial como el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), ni por iniciativas administrativas recientes. Ningún acuerdo local, por ambiocioso que sea, tiene la jerarquía jurídica para suplantar o condicionar la soberanía expresada en las urnas.

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A pesar de conocer esta situación jurídica, Mineros S.A adelanta una embestida en los tribunales, demandando el Proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal de Cajamarca, mediante el cual se declararon como zona de utilidad pública e interés social 33 predios que pertenecieron a AngloGold Ashanti. De forma paralela, la multinacional persiste en accionar mecanismos para limitar o erosionar los efectos prácticos y jurídicos de la Consulta Popular. Este choque entre las pretensiones corporativas de desarticular los blindajes territoriales y la defensa del mandato popular ha trasladado el conflicto a los estrados judiciales.

En este caldeado panorama, la contienda electoral que se avecina para elegir alcaldes, concejales, diputados y gobernador convertirá a la región en una verdadera arena de disputa. Los sectores ambientalistas, sociales y comunitarios se movilizarán para defender el agua, la vocación agrícola y la vigencia plena de la consulta. Por otro lado, resurgirán narrativas políticas orientadas a legitimar el retorno de la megaminería.

Pero el mayor peligro no radica únicamente en la discusión pública, sino en las dinámicas que operan por debajo de la mesa: la alta probabilidad de que existan cuantiosas cantidades de dinero orientadas a financiar candidaturas afines en las distintas corporaciones públicas y cargos ejecutivos para inclinar la balanza política y normativa local a favor del proyecto minero.

Cajamarca enfrenta un momento decisivo. Ante el litigio estratégico y el inminente pulso en las urnas, la ciudadanía deberá recordar que el futuro de su suelo y de sus cuencas hídricas no lo definen las demandas multimillonarias ni el apalancamiento financiero de campañas, sino el mandato popular que ya hizo historia en Colombia.

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