Opinión
Bien jodidos y con el impuesto predial por las nubes
Por: Efran Lugo
El aumento del avalúo catastral en zonas rurales del sur del Tolima está generando una carga tributaria insostenible para el campesinado, sin que exista una respuesta clara de las autoridades locales.
Lo que hoy están viviendo los municipios del sur del Tolima frente al incremento del impuesto predial no es un hecho aislado ni un simple error administrativo. Es una situación estructural que ya hace parte de la agenda pública nacional y que está golpeando con mayor fuerza a quienes menos tienen: el campesinado.
El impuesto predial, vale recordarlo, es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles. Su cálculo parte del avalúo catastral, definido por autoridades como el IGAC o gestores habilitados y se complementa con la tarifa que fija cada concejo municipal. Es decir, aunque el avalúo no lo es todo, sí constituye la base sobre la cual se construye el cobro.
En los últimos años, el país ha avanzado en la implementación del catastro multipropósito, una política orientada a actualizar la información predial, formalizar la propiedad y acercar los avalúos a la realidad del mercado. Esta estrategia, además, fue fortalecida tras el Acuerdo de Paz, particularmente en el punto de Reforma Rural Integral.
Sin embargo, lo que en el papel parece un avance técnico necesario, en la práctica está generando efectos profundamente desiguales.
Durante décadas, Colombia mantuvo cerca del 60 % de su territorio con información catastral desactualizada. La meta institucional ha sido corregir ese rezago. Pero esa actualización ha traído consigo incrementos abruptos en los avalúos, especialmente en zonas rurales, donde en algunos casos se han registrado aumentos del 300 %, 500 % e incluso superiores.
En el sur del Tolima, esta realidad ya tiene rostro. Pequeños campesinos, propietarios de parcelas de baja productividad o ubicadas en zonas de difícil acceso, están recibiendo facturas de impuesto predial que superan los 800.000 y hasta el millón de pesos anuales.
En términos técnicos, es cierto: el aumento del avalúo catastral no implica automáticamente un incremento proporcional del impuesto, pues los municipios tienen la facultad de fijar tarifas diferenciales e incluso otorgar alivios tributarios. Pero en la realidad, ese equilibrio no se está materializando.
Lo que se evidencia en el territorio es otra cosa: cobros que no corresponden con la capacidad económica de quienes deben pagarlos.
En palabras del campesino, se le puso valor de finca productiva a lo que siempre ha sido un “peñasquero”: tierra que no produce, que no genera ingresos y que, en muchos casos, ni siquiera tiene condiciones para ser explotada.
Le puede interesar: El viacrucis de la inseguridad en El Espinal
La consecuencia es evidente y preocupante. Familias sin ingresos estables, dependientes de cosechas irregulares, hoy enfrentan una carga tributaria que no pueden asumir. Y cuando no se puede pagar, lo que sigue es la mora, el cobro coactivo y, eventualmente, el riesgo de perder la tierra.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto social.
Porque no se trata solo de actualizar cifras, sino de entender realidades. No se trata únicamente de fortalecer las finanzas públicas, sino de garantizar que las decisiones del Estado no terminen profundizando la desigualdad en el campo.
Y en medio de esta situación, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están los alcaldes?
Los municipios no son actores pasivos en este proceso. Por el contrario, son quienes fijan las tarifas del impuesto predial y quienes pueden implementar alivios, tratamientos diferenciales o medidas transitorias que protejan a los pequeños propietarios rurales. Además, son los principales beneficiarios del aumento en el recaudo.
Sin embargo, el silencio institucional ha sido la constante.
Ni se escuchan propuestas claras, ni se evidencian medidas contundentes para mitigar el impacto. Y mientras tanto, en el territorio, el malestar crece.
El problema no es actualizar el catastro. El problema es hacerlo sin enfoque social, sin gradualidad y sin considerar la capacidad de pago de la población rural.
Porque sí, Colombia necesita saber cuánta tierra tiene, quién la posee y cuánto vale. Pero también necesita entender que no todos los territorios son iguales, ni todas las economías rurales resisten las mismas cargas.
Hoy, en el sur del Tolima, lo que debería ser una herramienta de ordenamiento territorial se está convirtiendo en un factor de presión económica para el campesinado.
Y la pregunta sigue en el aire, cada vez con más fuerza:
¿Cómo se supone que paguen, si no tienen con qué?
