El exalcalde afirmó que sus actuaciones estuvieron ajustadas a la ley y anunció que ejercerá su defensa.

Tras conocerse la judicialización de ocho personas por presuntas irregularidades relacionadas con la interventoría del puente de la calle 60 en Ibagué, el exalcalde Andrés Fabián Hurtado se pronunció públicamente sobre el proceso y sostuvo que no acepta los señalamientos formulados en su contra. La Fiscalía investiga, entre otros aspectos, un contrato de interventoría superior a $2.997 millones y pagos que habrían superado los $1.000 millones cuando la construcción registraba un avance inferior al 6 %.

A través de un comunicado dirigido a los habitantes de Ibagué y del Tolima, Hurtado manifestó que asumirá su defensa dentro del proceso y defendió las actuaciones realizadas durante su administración. «En el marco del debido proceso, no acepté los cargos que me fueron formulados en la investigación relacionada con el puente de la 60; pues tengo la absoluta convicción de que cada una de mis actuaciones como servidor público estuvo orientada a responder a las necesidades de Ibagué y a generar progreso real para nuestra gente».

El exmandatario también se refirió específicamente al estado en que quedó el proyecto al finalizar su administración y rechazó que se hayan perdido recursos públicos. «Respecto al proyecto que hoy reprocha la Fiscalía, quiero ser claro: esta obra la dejamos en marcha y con la totalidad de los recursos garantizados. No se ha perdido ni un solo peso del erario».

Hurtado defendió su gestión

En su pronunciamiento, el exalcalde hizo referencia a diferentes proyectos ejecutados durante su periodo de gobierno, entre ellos infraestructura deportiva, instituciones educativas, el acueducto complementario, el Hospital de Picaleña y el Panóptico de Ibagué.

Hurtado señaló que su administración tuvo como propósito avanzar en proyectos que, según afirmó, estaban pendientes en la ciudad y que fueron puestos al servicio de los habitantes.

Frente al proceso judicial, el exalcalde también hizo énfasis en la presunción de inocencia y en su decisión de ejercer su defensa ante las autoridades correspondientes. «La ley me concede el derecho a la presunción de inocencia y a defender la integridad de mis decisiones. Tengan la seguridad de que Dios, la justicia y una defensa rigurosa demostrarán la transparencia de nuestra conducta y limpiarán nuestro nombre».

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La Fiscalía, por su parte, sostiene que durante la ejecución del contrato de interventoría se habrían presentado irregularidades tanto en la selección del contratista como en los pagos realizados. Según el ente investigador, el consorcio interventor habría recibido más de $1.000 millones cuando el avance de la construcción era inferior al 6 %.

De acuerdo con reportes sobre la audiencia, los ocho procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. El proceso continuará ante las autoridades judiciales, que deberán establecer la responsabilidad individual de los involucrados.

En la parte final de su comunicado, Hurtado manifestó que continuará atendiendo el proceso y pidió que las decisiones sobre el caso se desarrollen dentro de las instituciones y con las garantías correspondientes. «Solo nos queda confiar en las instituciones y seguir trabajando por aquello que realmente importa: nuestra gente y el futuro de nuestro departamento».