La Fiscalía también vinculó a otras siete personas por posibles anomalías en la interventoría y el manejo de recursos.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización del exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y otras siete personas, dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la selección y ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.

Entre los procesados también se encuentran la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, además del contratista Francisco José Restrepo Albarello.

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato de interventoría tuvo un valor superior a $2.997 millones y un plazo de ocho meses. Su finalidad era realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.

La investigación señala que el comité evaluador jurídico, del cual hacían parte Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que, según el ente investigador, este estaría inhabilitado para contratar con el Estado.

Pagos cuestionados

Otro de los aspectos analizados por las autoridades corresponde a los pagos realizados al consorcio interventor. Según la Fiscalía, estos debían efectuarse de acuerdo con el porcentaje de avance del contrato de obra.

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Sin embargo, las labores de policía judicial habrían establecido que se realizaron desembolsos superiores a $1.000 millones cuando la construcción del puente registraba un avance inferior al 6 %.

En el caso del exalcalde Andrés Fabián Hurtado, la Fiscalía sostiene que presuntamente habría omitido ejercer los controles correspondientes sobre el proceso de selección y la ejecución del contrato.

Por su parte, el ente investigador señala que Sharon Dayana Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron realizar pagos que, según la investigación, no correspondían a las condiciones establecidas en el contrato.

Las personas judicializadas deberán responder dentro del proceso penal por los hechos que son materia de investigación. Las afirmaciones corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía y deberán ser definidas por las autoridades judiciales competentes.