El asambleísta pidió revisar las decisiones que llevaron al estado actual de la edificación y reiteró su voto negativo frente a la enajenación.

La Asamblea Departamental del Tolima aprobó en plenaria el Proyecto de Ordenanza 039 del 14 de septiembre de 2026, mediante el cual se autorizó al Gobierno departamental para avanzar con el proceso de enajenación del Hotel Ambalá. La decisión fue adoptada después de mesas de trabajo y de la revisión de aspectos jurídicos, técnicos, financieros y administrativos relacionados con el inmueble.

Durante la sesión, el diputado Jaime Tocora, integrante del Pacto Histórico y opositor a la administración de la gobernadora Adriana Magali Matiz, manifestó su desacuerdo con la decisión y señaló que su voto fue negativo. «Nuestro voto fue negativo, nos oponemos de manera rotunda a que lastimosamente este bien inmueble de todos los tolimenses se vuelva un negocio del sector privado».

El pronunciamiento del diputado se produjo luego de que la corporación diera autorización para que la administración departamental continúe con los trámites correspondientes. La aprobación no significa que el inmueble haya sido vendido, sino que permite iniciar y desarrollar el procedimiento de enajenación conforme a las disposiciones legales.

Tocora también planteó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentra actualmente la edificación y pidió que se investigue lo ocurrido con el inmueble durante los años en que permaneció sin operación. «Lo que nosotros hemos pedido es la investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación por un detrimento que tiene este bien inmueble. Posiblemente, lo decimos nosotros, intencionado».

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La discusión sobre el futuro del Hotel Ambalá se ha desarrollado alrededor de diferentes alternativas. La Gobernación ha señalado que previamente se estudiaron opciones como arrendamientos, concesiones, alianzas público-privadas y acercamientos con operadores del sector hotelero antes de solicitar autorización para la venta.

El diputado opositor cuestionó además las decisiones administrativas que, desde su perspectiva, llevaron al actual estado del inmueble y planteó que la responsabilidad por su deterioro debe ser revisada. «¿Por qué dejaron dañar este bien inmueble? ¿Por qué lo dejaron llevar al abandono y al olvido para después entregárselo al sector privado?».

Con la autorización aprobada, la Gobernación podrá continuar el procedimiento para definir las condiciones de la eventual venta. De acuerdo con información publicada tras la decisión, deberá adelantarse el proceso correspondiente y establecerse el valor mediante los avalúos requeridos; posteriormente, los recursos que eventualmente se obtengan tendrían que ser incorporados al presupuesto departamental mediante un nuevo trámite ante la Asamblea.