El informe legislativo propone remitir el articulado a la Corte Constitucional en caso de que ambas plenarias ratifiquen el texto aprobado.

El marco normativo que regula el acceso a los puestos directivos en la administración pública nacional se encuentra nuevamente en el centro del debate legislativo. Una comisión accidental del Congreso de la República recomendó no acoger los reparos presidenciales presentados contra el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado, una iniciativa orientada a fijar topes y condiciones para que no se reduzcan los estándares exigidos a quienes asumen altas dignidades en entidades y juntas estatales del orden central.

La propuesta legislativa, promovida por el congresista Hernán Darío Cadavid Márquez, superó sus cuatro debates reglamentarios en Senado y Cámara antes de ser devuelta por el Ejecutivo mediante objeciones por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. Tras el análisis técnico del veto gubernamental, la célula legislativa designada concluyó que las plenarias deben respaldar la continuidad de la norma.

En la proposición formal entregada para consideración de los congresistas, los miembros de la comisión accidental plantearon: «acoger la objeción relacionada con la correspondencia entre el título y el contenido material del Proyecto de Ley número 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado, y aprobar la modificación propuesta al título».

No obstante, frente al núcleo del proyecto, el informe fue categórico: «Respecto de las demás objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia formuladas al articulado, solicitamos no acogerlas, aprobar las modificaciones y precisiones contenidas en el presente informe e insistir, con modificación, en la constitucionalidad y conveniencia de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, por las razones expuestas. El artículo 6, que no fue objeto de un cargo autónomo, se mantiene sin modificación».

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De acuerdo con el procedimiento institucional señalado en el concepto, de prosperar la postura del Congreso, el articulado pasará al control judicial de cierre. El informe precisa que, «en consecuencia, si las Plenarias de ambas Cámaras aprueban la insistencia respecto de las objeciones por inconstitucionalidad, deberá darse aplicación al trámite previsto en el artículo 167 de la Constitución Política para que la Corte Constitucional decida definitivamente sobre la discrepancia».

El sustento del Ejecutivo para vetar la ley radica en que la iniciativa legislativa invadiría facultades propias de la Presidencia en materia de organización y estructura del empleo público, además de alterar funciones del Consejo de Estado y crear trámites que ralentizarían la designación de directivos, citando normas vigentes como el Decreto Ley 770 de 2005.

Por su parte, el autor del articulado ha defendido la pertinencia del marco legal, señalando textualmente que la propuesta «tiene como propósito evitar que arbitrariamente los gobiernos disminuyan los requisitos para los cargos de importancia a nivel central», puntualizando que los conceptos del Consejo de Estado mantienen su carácter consultivo.

El documento remitido a las secretarías generales cuenta con la firma de los senadores Hernán Darío Cadavid Márquez, Óscar Hernán Sánchez León y Juan Carlos García Gómez, junto a los representantes a la Cámara Víctor Manuel Salcedo Guerrero, Jorge Alexander Quevedo Herrera y Jhon Jairo Berrío López.

La decisión final sobre el futuro de esta reglamentación quedará en manos de las plenarias de ambas corporaciones.