Judicializan al exalcalde de Honda y actual diputado Juan Guillermo Beltrán

El proceso se relaciona con presuntas irregularidades en un contrato suscrito durante su administración en 2017 para la realización de unas olimpiadas deportivas y recreativas.

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Juan Guillermo Beltrán Amortegui, exalcalde de Honda y actual diputado del Tolima por Cambio Radical, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato suscrito en 2017 para la realización de actividades deportivas y recreativas en ese municipio.

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, el contrato tenía como objeto brindar apoyo logístico para las olimpiadas deportivas y recreativas de Honda y fue celebrado por un valor de $11.341.000. El ente investigador señala que durante el proceso contractual no se habrían tenido en cuenta los requisitos correspondientes.

Según la investigación, Beltrán, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde, presuntamente suscribió la aceptación de la oferta y el acta de liquidación sin verificar los soportes que permitieran establecer la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Para la Fiscalía, esta actuación habría permitido el pago a la contratista y la presunta apropiación indebida de $7.841.000.

Por estos hechos también fueron judicializadas Lina Rocío Barreto Hoyos, quien se desempeñaba como secretaria de Salud y Proyectos Sociales y habría ejercido como supervisora del contrato, y Otilia del Pilar Morales Giraldo, contratista.

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Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. La Fiscalía precisó que ninguno de los tres aceptó los cargos formulados.

En el caso de Barreto Hoyos, la Fiscalía sostiene que habría elaborado el informe de supervisión y el certificado de cumplimiento sin contar con los soportes correspondientes y que, presuntamente, habría falsificado dos actas de entrega. Por su parte, la contratista habría presentado informes de ejecución sin los documentos que acreditaran el cumplimiento del objeto contractual.

La información corresponde a una actuación judicial en curso. Los señalamientos contenidos en el comunicado hacen parte de la hipótesis presentada por la Fiscalía y no constituyen, por sí mismos, una condena contra los procesados.