La decisión establece que los datos relacionados con la gestión de los procesos no están cobijados por la reserva legal y deben ser suministrados para garantizar el acceso a la información pública.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes entregar información sobre el estado de sus investigaciones, al concluir que los datos solicitados corresponden a la gestión institucional y no hacen parte de la información protegida por la reserva legal de los expedientes.

La decisión fue adoptada por la Subsección de la Sección Primera del Tribunal al resolver un recurso de insistencia presentado por la Fundación para el Estado de Derecho, luego de que la Comisión negara parcialmente el acceso a la información requerida.

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La solicitud incluía datos sobre la apertura de investigaciones, citaciones a denunciantes, el estado de algunos expedientes y los procesos que concluyeron por prescripción o caducidad.

En la providencia, el Tribunal señaló que las normas sobre reserva deben aplicarse de manera restrictiva y precisó que la información estadística y los datos generales sobre la gestión de la Comisión no están amparados por esa limitación.

En consecuencia, declaró mal denegada la solicitud y ordenó a la Comisión suministrar la información solicitada dentro de los términos legales, al considerar que debe prevalecer el principio de máxima publicidad en el acceso a la información pública.