El Ministerio Público consideró que el cabildante incurrió en un conflicto de intereses al votar en la elección de una excompañera de lista como secretaria del Concejo Municipal.

La Procuraduría 163 Judicial II en lo Administrativo solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que decrete la pérdida de investidura del concejal de Ortega, Julio César Leyton Capera, al estimar que incurrió en un conflicto de intereses al participar y votar en la elección de la secretaria del Concejo Municipal, María del Rosario Lozano Rubiano, quien fue su compañera de lista por el movimiento político Alianza Democrática Amplia (ADA).

En el concepto presentado dentro del proceso de pérdida de investidura, radicado bajo el número 73001-23-33-000-2025-00384-00, la Procuraduría sostuvo que el cabildante habría vulnerado el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relacionado con la violación del régimen de conflicto de intereses .

Según el documento, el Ministerio Público concluyó que el concejal «participó, intervino y votó en la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Ortega (…) quien fue su compañera de lista en las elecciones de 2023 por el partido ADA».

Le puede interesar: CNE niega revocatoria contra el alcalde de Honda por insuficiencia de firmas

La Procuraduría señaló que el conflicto se configura porque ambos hicieron parte de la misma lista electoral, lo que, en criterio del ente de control, los convierte en «socios políticos», situación que debió llevar al concejal a declararse impedido. En ese sentido, el concepto advierte que «no obra en el expediente prueba alguna que acredite que el señor Leyton Capera manifestara impedimento para su participación en la sesión» en la que se realizó la elección .

El documento también resalta que la elección de la secretaria del Concejo se realizó el 28 de noviembre de 2024 y que fue aprobada por votación unánime de los 13 concejales, incluyendo el voto del ahora demandado. Para la Procuraduría, «el hecho relevante es que el concejal haya participado en la discusión y votación del asunto, indistintamente del sentido del voto» .

Aunque el Ministerio Público descartó que existiera una actuación dolosa, sí consideró que el comportamiento del concejal podría encuadrarse dentro de una culpa grave, al estimar que «era exigible el conocimiento del régimen de impedimentos y conflictos de intereses propio del cargo de concejal» .

La demanda fue interpuesta por el veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, y ahora corresponderá al Tribunal Administrativo del Tolima adoptar una decisión de fondo sobre la eventual pérdida de investidura del concejal de Ortega.