Gobernadores de Colombia rechazan decreto que eleva impuestos a licores y cigarrillos

Los 32 gobernadores del país, representados por la Federación Nacional de Departamentos (FND), expresaron su firme oposición al Decreto Legislativo 1474 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, argumentando que esta medida atenta contra la autonomía territorial y pone en riesgo las finanzas regionales destinadas a sectores clave como salud, educación y deporte.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los mandatarios regionales destacaron que la búsqueda de recursos adicionales para el presupuesto central no debe debilitar el modelo descentralizado del Estado.

«Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones», señala la misiva.

La decisión gubernamental, adoptada en el marco de la emergencia económica declarada a finales de 2025, busca contrarrestar el déficit fiscal, pero los gobernadores advierten que podría incentivar el contrabando y la ilegalidad, afectando no solo las rentas departamentales sino también la salud pública y la seguridad nacional.

En este sentido, Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), expresó su preocupación en entrevista con La FM: «Casi el 30 % del licor en Colombia es adulterado», alertando sobre el impacto en el consumo legal y el aumento de productos ilícitos que financian estructuras criminales.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, subrayó las pérdidas económicas directas para su departamento: «El IVA a licores restaría hasta $120.000 millones a Cundinamarca», advirtiendo que el incremento del 19% en el impuesto, revivido por decreto tras su rechazo en el Congreso, podría desviar recursos vitales para inversión social, según declaraciones recogidas en un análisis de Asuntos Legales y transmisiones de CityTV.

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Los líderes regionales enfatizaron que esta medida no solo viola principios constitucionales de autonomía territorial, sino que ignora el impacto en la prevención de problemas de salud pública asociados al alcohol y el tabaco.

«Hay lugares donde una botella de licor cuesta hasta 4 o 5 veces más y nadie se queja, pero entiendan que son un problema de salud pública», agregó un extracto de las discusiones en foros especializados, reflejando el consenso entre gobernadores y productores.

La FND instó al Gobierno nacional a reconsiderar el decreto y buscar alternativas que no comprometan las finanzas departamentales, proponiendo un diálogo para equilibrar las necesidades fiscales centrales con la sostenibilidad regional.

Mientras tanto, el rechazo unánime de los gobernadores marca un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y las entidades territoriales en medio de la crisis económica.