La travesía de la reforma a la salud de Gustavo Petro

La iniciativa bandera del Gobierno Nacional ha pasado por diferentes capítulos en el Congreso, desde la ministra Carolina Corcho, hasta el médico Guillermo Alfonso Jaramillo.

La reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, concebida como un pilar del «gobierno del cambio» para transitar de un modelo asistencial a uno preventivo y universal, ha recorrido un camino tortuoso marcado por debates intensos, crisis ministeriales, hundimientos legislativos y avances parciales.

Iniciada en febrero de 2023 bajo el mando de la ministra Carolina Corcho, la iniciativa ha enfrentado resistencias bipartidistas, cuestionamientos sobre su viabilidad fiscal y polarizaciones que reflejan las fracturas del Congreso colombiano. A dos años de su radicación, el proyecto languidece en la Comisión Séptima del Senado, con el Gobierno insistiendo en su implementación vía decretos y la oposición alertando sobre un posible colapso del sistema actual.

Esta nota reconstruye su evolución, con voces de los actores clave que han moldeado su destino.

El germen de la reforma se plantó durante la campaña presidencial de Petro en 2022, cuando el hoy mandatario denunció un sistema de salud «privatizado y corrupto» que, según él, convertía el derecho fundamental en un «negocio».

Nombrada ministra de Salud en agosto de 2022, Carolina Corcho –médica epidemióloga y activista por el derecho a la salud– asumió la cartera con la misión de desmantelar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), entidades privadas acusadas de retener recursos públicos sin garantizar cobertura efectiva.

«Reformar el sistema no es acabar el sistema, ese es el eufemismo que quieren generar», declaró Corcho en julio de 2022 a EL PAÍS, enfatizando que las EPS no desaparecerían de la noche a la mañana, sino que se transformarían en «gestoras de salud y vida» enfocadas en prevención.

El 13 de febrero de 2023, Petro y Corcho radicaron el Proyecto de Ley 140 de 2023 ante el Congreso, en un acto simbólico en el Palacio de Nariño. El articulado, de 175 páginas, proponía tres pilares: un sistema preventivo con Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en todos los hogares; la eliminación de la intermediación financiera privada, con recursos girados directamente a prestadores vía la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); y la formalización laboral de más de 400.000 trabajadores del sector, con incentivos para zonas rurales.

«Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. Que la gente intente, con el sistema preventivo, evitar la enfermedad hasta donde sea posible», afirmó Petro al radicar el proyecto.

Y agregó: «Después de que esos recursos entran al fondo ADRES, que es el gran recaudador, salen a un administrador particular y de ahí para adelante no sabemos», criticó en ese momento el mandatario, la opacidad de las EPS en la Academia Nacional de Medicina.

El trámite inicial en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue un campo minado. Gremios médicos y asociaciones de pacientes expresaron temores por un «colapso» del sistema, mientras la oposición, liderada por el Centro Democrático, tildaba la propuesta de «estatista y costosa».

En marzo de 2023, Corcho generó polémica al afirmar en un foro que «el médico induce la demanda en el nivel primario», lo que el gremio Médicos Colombia calificó de «inaudito», acusándola de culpar a los profesionales por la crisis fiscal.

El 25 de abril de ese año, la comisión aprobó la ponencia con 10 votos a favor y 8 en contra, pero Petro interpretó el estrecho margen como un sabotaje de la coalición de Gobierno. Anunció una crisis de gabinete y exigió la renuncia de todo su equipo, incluyendo a Corcho. «La coalición está rota definitivamente», declaró el presidente.

Corcho renunció el 26 de abril, defendiendo su legado: «Es más importante la reforma para la transformación de la vida y el cuidado de los recursos públicos, que un puesto que pueda tener Carolina Corcho Mejía».

Su salida marcó el fin de la primera versión del proyecto, que preveía un costo estimado de 113 billones de pesos en 10 años, según el Ministerio de Hacienda –una cifra que Petro desestimó como «exagerada» al incluir deudas preexistentes de las EPS.

Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Petro, asumió la cartera el 27 de abril de 2023. Con un perfil más conciliador, Jaramillo defendió el Seguro Social como base del sistema y prometió ajustes.

«Aquí se ha juzgado mal al Seguro Social», afirmó en su posesión, abogando por un modelo mixto inspirado en Canadá y Suecia.

Bajo su liderazgo, el proyecto resucitó en junio de 2023 como Proyecto de Ley 339, con énfasis en fortalecer la red pública sin eliminar abruptamente las EPS.

El avance legislativo fue intermitente. En diciembre de 2023, la plenaria de la Cámara aprobó el texto en primer debate con 93 votos a favor y 21 en contra, una victoria pírrica para Petro tras nueve meses de audiencias.

«El martes negro para Colombia. En la Cámara le dieron un golpe mortal al sistema de salud», tuiteó el representante Andrés Forero (Centro Democrático), visible opositor.

La representante Caterine Juvinao (Verde) criticó: «Lo único que les importa es acabar las EPS».

Mientras que el jefe de Estado celebró: «La Cámara de representantes ha cumplido con aprobar las grandes reformas que garantizan la universalidad de los derechos fundamentales en Colombia», twitteo.

Sin embargo, el Senado se convirtió en un muro. En marzo de 2024, la Comisión Séptima archivó el proyecto (8-5), hundiendo la iniciativa por primera vez. Jaramillo acusó «maniobras dilatorias»: «No la quieren aprobar porque creen que este gobierno se acabó».

La oposición, con una contrarreforma liderada por Paloma Valencia (Centro Democrático), propuso mantener el aseguramiento privado con ajustes menores: «Con este proyecto paramos los desaciertos del Gobierno Petro», sostuvo la congresista.

El Gobierno no se rindió. En septiembre de 2024, Petro presentó una «nueva» versión, que Corcho –ahora exministra y precandidata presidencial– defendió como idéntica en esencia: «El 95% de lo que aprobó la Cámara lo acordé yo».

En sesiones extras de diciembre de 2024, la Cámara retomó debates, aprobando actas clave en febrero y marzo de 2025 (actas 208-222).

El 6 de marzo de 2025, la plenaria dio luz verde al segundo debate con mayorías amplias, enviándolo de nuevo al Senado.

El representante Juan Espinal del CD, replicó: «No se aprobó la Reforma a la Salud como lo pretendía el Gobierno, aunque somos pocos en oposición, nuestro debate y argumentos han frenado la nefasta Reforma».

En el Senado, el estancamiento persiste. Desde noviembre de 2024, el proyecto yace en la Comisión Séptima sin debates sustantivos, suspendido en octubre de 2025 por proposiciones de la senadora Nadia Blel (Conservador).

Jaramillo ha arremetido: «Esta Comisión lleva casi un año sin avanzar. Es una comisión inoperante que solo ha puesto obstáculos».

En mayo de 2025, sus declaraciones sobre tener «a las EPS en cuidados intensivos para que salga la reforma» desataron escándalo, interpretadas como presión política; el Ministerio aclaró que se refería a no liquidarlas prematuramente para evitar quiebras hospitalarias.

Ante el bloqueo, Petro optó por la vía ejecutiva. El 30 de julio de 2025, se expidió el Decreto 0858, implementando un «modelo preventivo, predictivo y resolutivo» que fortalece CAPS y transforma EPS en gestoras, bajo el marco de la Ley 100 de 1993. «Se debe aprobar la reforma a la salud o el sistema se hunde», advirtió Petro.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto el 5 de noviembre de 2025, pero Jaramillo desafió: «Tenemos la razón. El modelo seguirá en marcha».

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Corcho respaldó: «Si no hay reforma, será imposible resolver la crisis del sistema de salud. La Contraloría concluyó que el problema es el modelo».

Los datos avalan la urgencia: Colombia tiene la mayor tasa de mortalidad infantil en la OCDE (16,5 por 1.000 nacidos vivos en 2023), con 700 municipios sin hospitales y deudas de EPS por 30 billones de pesos.

Sin embargo, críticos como el investigador Andrés Vecino advierten que el modelo podría elevar costos y reducir eficiencia.

La reforma, con aval fiscal del Ministerio de Hacienda en agosto de 2025, presupone 2,5 billones anuales adicionales para atención primaria, financiados por impuestos saludables y un punto extra del PIB.

A hoy, con elecciones en el horizonte, la reforma pende de un hilo. Petro insiste en X: «Son miles los niños que nuestra reforma a la salud ha logrado que ya no mueran», citando caídas en mortalidad infantil.

Mientras que el ministro Jaramillo concluye: «La salud no debe seguir siendo un negocio para unos pocos empresarios».

La oposición, con Andrés Forero a la cabeza, replica: «Prometieron una reforma anticorrupción, pero no hacen más que promoverla».

¿Debate o dilación? El derecho a la salud de 50 millones de colombianos espera una respuesta más allá de las redes y los fallos judiciales.