“Mi intervención fue malinterpretada”: Yully Porras aclara posición frente a vigencias futuras

La diputada precisó que no cuestiona la garantía de los recursos, sino que pide mayor claridad sobre los valores comprometidos y la ejecución real de los proyectos, advirtiendo que, de acuerdo con el Consejo de Estado y la Procuraduría, al menos el 15% debe ejecutarse en 2025.

La diputada de la Asamblea del Tolima, Yully Porras, respondió a las declaraciones del secretario General de la Gobernación, Carlos Portela. “Quiero precisar que mi intervención ha sido malinterpretada”, señaló la asambleísta, explicando que su solicitud estuvo orientada a obtener mayor detalle sobre los compromisos financieros en cada vigencia.

«El 11 de septiembre solicité a la Secretaría de Hacienda una certificación para que, proyecto por proyecto de los que se piden autorización de vigencias futuras ordinarias, se indicara expresamente el valor total, el valor apropiado en el presupuesto 2025 y el saldo proyectado en el presupuesto del 2026», añadió.

Porras subrayó que en ningún momento puso en duda la garantía de los dineros. «En mi intervención no cuestioné la disponibilidad de los recursos. Nadie ha dicho que los recursos no estén garantizados. Todo lo contrario, la mayoría se ejecutarán con los recursos del empréstito», afirmó.

La diputada citó jurisprudencia y lineamientos de los órganos de control para sustentar su posición. «Lo que señalé, de acuerdo con el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del año 2023 y con la cartilla de la Procuraduría General de la Nación sobre vigencias futuras, es que la característica de la vigencia futura ordinaria es que la obligación se empieza a ejecutar en la vigencia en curso aun cuando afecte presupuestos de vigencias futuras».

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En ese sentido, advirtió que «no basta con apropiar ni comprometer, se debe ejecutar efectivamente al menos el 15% de cada proyecto en el año 2025». Según la diputada, su intervención fue un llamado de responsabilidad: «Recordé que, más allá de la autorización que la Asamblea concede, el Gobierno Departamental es el único responsable de la ejecución de los proyectos. Debido a ello debe procurar que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se ejecute como mínimo el 15% de cada uno de los proyectos».

Finalmente, Porras pidió evitar interpretaciones erradas sobre sus observaciones. «En síntesis, no discuto que los recursos estén apropiados. Lo que hice fue un llamado de atención sobre la ejecución real que debe acreditarse al cierre de la vigencia 2025 y respecto de la cual estaremos haciendo control político a partir del mes de enero del 2026».

La diputada concluyó: «Existen versiones encontradas frente a este tema, pero confío en lo dispuesto por el Consejo de Estado y la Procuraduría sobre la necesidad de ejecutar al menos el 15% de los recursos al cierre de la vigencia 2025. Por eso es importante escuchar muy bien las intervenciones para no dar declaraciones aceleradas y que definitivamente no tengan el contexto claro y se malinterpreten».