En las supuestas fallas en la planeación de la programación, el cronograma de ejecución de obra y los cálculos estructurales, también estaría implicado el exsecretario de Planeación y Obras Públicas.

Por presuntas irregularidades relacionadas con la planeación y ejecución del contrato de obra 002 de 2022 celebrado para construir la plaza de mercado San Isidro Labrador, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exalcalde de Rovira, Tolima, Diego Andrés Guerra Quintero, y el entonces secretario de Planeación y Obras Públicas, Iván Camilo Ortiz Espinosa, quien actuó como supervisor del bilateral.

Se investigan supuestas fallas en la planeación de la programación, en el cronograma de ejecución de obra y en los cálculos estructurales que, al parecer, generaron demolición parcial de la estructura. Adicionalmente, la entidad busca establecer si hubo omisión en la respuesta oportuna y de fondo por parte de la administración municipal a las peticiones presentadas por la Veeduría Rovira Solidaria.

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Entre las posibles inconsistencias, el representante de la veeduría dio a conocer que habría una demora injustificada en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que la obra inició en mayo de 2022 y a la fecha tiene un avance aproximado del 35 %; al tiempo que señaló que se habría desconocido el pago a los trabajadores.

Adicionalmente, aseguró que mediante derechos de petición solicitó información relacionada con los retrasos presentados y con desembolsos efectuados a través de actas parciales de ejecución de obra, pero la oficina de planeación municipal respondió con evasivas y de manera parcial.

Con el fin de esclarecer estos hechos y determinar si hay otros servidores públicos que se deban vincular a esta actuación disciplinaria, el ente de control ordenó la práctica de pruebas, entre otras, remitir copia íntegra, organizada y digitalizada del cuestionado contrato al Ministerio Público, por cuanto a la fecha no ha sido enviado, a pesar de habérsele solicitado a la administración municipal de Rovira.

Por último, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué señaló a los investigados los beneficios legales establecidos, en caso de optar por la confesión o la aceptación de cargos.