Condenan a una contratista que habría pagado $140 millones para ser favorecida con un contrato en Armero-Guayabal

Las autoridades demostraron que la sentenciada se reunió con el entonces alcalde municipal Medardo Ortega Fonseca; el exsenador Mario Castaño y Nova Lorena Cañón Reyes, para que le fuera entregado el contrato de 1.250 millones de pesos.

Un juez de conocimiento de Lérida – Tolima, condenó a Ruth Piedad Echevarría Campuzano, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer; La Fiscalía determinó que la mujer le entregó al exalcalde Ortega Fonseca 140 millones de pesos, con tal de ser beneficiada con la contratación para la realización de un parque.

Según la investigación, la sentenciada hizo parte de una red delincuencial que se apoderó de la contratación pública en, al menos, una decena de municipios en el país. En virtud de un preacuerdo la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y deberá pagar 28 meses de prisión. La pena la cumplirá en establecimiento carcelario.

La Fiscalía demostró que Echavarría Campuzano se reunió en varias oportunidades con el entonces alcalde de Armero-Guayabal, Medardo Ortega Fonseca, con el exsenador Mario Castaño y la lobista Nova Lorena Cañón Reyes.

Además, las autoridades determinaron que los encuentros buscaban que la ahora condenada fuera beneficiada con un contrato para elaborar los estudios, diseños y construcción de un parque en el referido municipio, y cuyo monto alcanzó 1.250 millones de pesos.

Las diversas indagaciones evidenciaron que Echevarría Campuzano le entregó al exalcalde municipal 140 millones de pesos para asegurar que ella fuera la escogida para adelantar el contrato. También se constató que no contaba con la capacidad financiera, técnica ni la experiencia para realizar dicha obra.

En el fallo judicial se determina que la sentenciada pagué una multa equivalente a 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) para el año 2020, y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 34 meses.