Por: Dahian García Covaleda

Que un presidente conceda entrevistas no es noticia. Que busque audiencias jóvenes, tampoco. Lo que sí debería incomodarnos (y mucho) es a quién se le abre la puerta del poder y bajo qué criterios.

El reciente encuentro entre Gustavo Petro y el streamer Westcol no es solo una anécdota de la política contemporánea adaptándose a las nuevas plataformas. Es un síntoma más profundo, la normalización de discursos problemáticos cuando resultan útiles para amplificar mensajes.

Porque no se trató simplemente de ir “a donde están los jóvenes”. Se trató de legitimar (desde la Casa de Nariño) a una figura que ha construido parte de su visibilidad sobre comentarios que han sido señalados por reproducir misoginia, ataques a personas trans y expresiones machistas. No es un detalle menor. Es el contexto.

La pregunta incómoda es inevitable… ¿todo vale en la disputa por la atención?

Durante años, distintos sectores (incluido el actual gobierno) han defendido la necesidad de combatir los discursos de odio, de proteger a poblaciones vulnerables y de elevar el nivel del debate público. Sin embargo, cuando las cámaras están listas y el alcance promete millones de vistas, esos principios parecen volverse flexibles, Maleables, Negociables…

No deja de ser paradójico que mientras se condena (con suficiente razón) a quienes difunden mensajes discriminatorios, se les ofrece una plataforma institucional sin condiciones claras. Mientras se habla de responsabilidad en el lenguaje, se comparte micrófono con quienes han hecho de la provocación su marca personal. La coherencia, en este caso, quedó fuera de cámara.

Algunos dirán que es mejor dialogar que excluir. Que enfrentar ideas es más democrático que silenciarlas. Pero esa defensa, válida en abstracto, pierde fuerza cuando no hay un cuestionamiento real ni un límite ético visible. Porque no es lo mismo debatir que validar. No es lo mismo confrontar que amplificar.

Y ahí está el punto central el poder no solo comunica, también legitima. Cada invitación, cada espacio concedido, envía un mensaje sobre qué voces importan y cuáles merecen ser elevadas. En este caso, el mensaje es ambiguo en el mejor de los escenarios y profundamente contradictorio en el peor.

No se trata de censura (una palabra que suele usarse como escudo fácil), sino de responsabilidad. De entender que no todas las plataformas son iguales, y que no todos los interlocutores representan lo mismo cuando se sientan frente a un jefe de Estado.

El problema no es que Westcol tenga audiencia. El problema es que el Estado, en cabeza de Gustavo Petro, decida convertir esa audiencia en validación institucional sin exigir nada a cambio.

En tiempos donde la política compite con el entretenimiento, la tentación de cruzar esa línea es cada vez mayor. Pero ceder a ella tiene un costo, erosiona la credibilidad de los discursos que dicen defender derechos, inclusión y respeto.

Porque al final, más allá de los números, queda una pregunta que no se puede esquivar:

¿qué tan serio es un compromiso con la dignidad, cuando se negocia por likes?