Lamentablemente sigue siendo una de las más comunes y menos reconocidas, y va desde el control del dinero hasta la inasistencia alimentaria.

En Colombia se reportaron 131.501 casos de violencia basada en género durante 2024, de los cuales el 75,6 % afectaron a mujeres, convirtiéndose en uno de los años más violentos para ellas, según cifras del Observatorio Nacional de Salud y la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, más allá de las agresiones visibles, existe un tipo de violencia que avanza en silencio y con profundas consecuencias: la violencia económica.

Una investigación del Politécnico Grancolombiano, realizada por Marisol Salamanca, Gloria Ríos, Juliana Correa y Alexander Balzán, profesores de la Escuela de Negocios y Desarrollo Sostenible, revela que esta es una de las violencias más comunes, pero menos conocidas, y que aún queda mucho camino por recorrer en la construcción de leyes que la tipifiquen como un delito.

La investigación evidencia una desconexión crítica entre la normativa vigente y la realidad social. Hacer visible esta realidad, nombrarla y entenderla a fondo no es solo un ejercicio técnico: es un paso fundamental para garantizar que más mujeres puedan decidir sobre su vida, su trabajo y sus recursos con verdadera autonomía, y para construir sistemas de protección que las acompañen y las respalden desde una perspectiva de género real.

¿Cómo podemos identificar la violencia económica?

La violencia económica es difícil de reconocer porque muchas de sus prácticas están normalizadas en la vida cotidiana, sin embargo, existen señales claras que permiten identificarla. Este tipo de violencia ocurre cuando una persona limita, controla o impide el acceso de otra a recursos económicos necesarios para vivir con autonomía.

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Entre las conductas más frecuentes se encuentran:

• Control total del dinero o la exigencia de justificar cada gasto.
• Restricción para trabajar o estudiar, impidiendo que la persona genere ingresos.
• Asignación de “mesadas” sin posibilidad de decisión propia.
• Generación deliberada de deudas a nombre de la víctima.
• Tomar decisiones financieras sin consultar a la pareja.
• Retener salario, ahorros, tarjetas o documentos bancarios.
• Registrar bienes solo a nombre del agresor o negar acceso a bienes comunes.
• Manipular o amenazar con retirar apoyo económico a la persona o a sus hijos/as.

En ocasiones, la violencia económica se manifiesta de forma más sutil, como minimizar la capacidad de la víctima para administrar dinero o utilizar la dependencia financiera como herramienta de presión emocional. También incluye prácticas normalizadas como la inasistencia alimentaria (el no pago de pensiones alimenticias).

¿Qué hacer para prevenir esta violencia?

El análisis comparativo que realizaron los investigadores en 19 países de la región, basado en datos de la CEPAL, revela que 46 naciones incluyen la violencia de género en sus marcos legales, pero solo 19 tipifican específicamente la violencia económica y apenas 9 cuentan con instrumentos para medirla. Esta falta de herramientas estandarizadas, sumada a vacíos normativos y enfoques diversos, dificulta la identificación, denuncia y prevención efectiva.

Este panorama evidencia la urgencia de avanzar en políticas públicas claras, sistemas de monitoreo y un mayor reconocimiento social de esta violencia silenciosa que condiciona la autonomía financiera de las mujeres y perpetúa múltiples formas de vulneración. La ausencia de medición y claridad normativa obstaculiza la formulación y evaluación de políticas eficaces, manteniendo brechas institucionales que limitan la protección y el empoderamiento económico femenino.

Frente a este escenario, la investigación propone una hoja de ruta para la prevención y erradicación de la violencia económica en la región. Entre las principales recomendaciones se destacan:

• Crear indicadores estandarizados y comparables a nivel Latinoamericano para identificar, medir y monitorear esta forma de violencia de manera rigurosa y constante.
• Desarrollar políticas públicas integrales, respaldadas por sistemas sostenibles de información y seguimiento anual.
• Fortalecer la cooperación internacional entre instituciones académicas, gobiernos y entidades jurídicas para construir un marco regional robusto que permita prevenir, atender y sancionar la violencia económica contra las mujeres.