Uribe lidera ofensiva legal contra emergencia económica declarada por Petro

En medio de un creciente debate sobre las facultades excepcionales del Ejecutivo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este miércoles que el partido Centro Democrático presentará una acción de tutela contra la declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La medida, calificada por Uribe como un «nuevo abuso», busca frenar de inmediato los efectos del decreto, ante la decisión de la Corte Constitucional de posponer su revisión hasta después de la vacancia judicial.

La iniciativa legal será encabezada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, según detalló Uribe en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

«Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso», expresó el líder del Centro Democrático, argumentando que la emergencia carece de fundamentos constitucionales y representa un intento por revivir una reforma tributaria rechazada por el Congreso.

El decreto de emergencia económica fue firmado por Petro y su gabinete el pasado 22 de diciembre, invocando un estado de excepción por 30 días para abordar lo que el Gobierno describe como una «grave alteración fiscal» provocada por múltiples factores concurrentes.

Entre las causas citadas en el documento se incluyen el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a incrementar las transferencias al sector salud en 3,3 billones de pesos para 2026; gastos adicionales en seguridad por 3,7 billones de pesos; el impacto de desastres naturales como el terremoto de Paratebueno en junio, con costos estimados en 0,5 billones; pagos pendientes de sentencias judiciales por más de 1,5 billones; subsidios a servicios públicos para hogares vulnerables por 1,5 billones; e indemnizaciones a víctimas del conflicto por 1,6 billones.

Además, se menciona la imposibilidad de endeudarse más y restricciones de liquidez, agravadas por la negativa del Congreso a aprobar dos proyectos de reforma tributaria en los últimos años.

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Esta declaratoria, la tercera bajo la administración Petro –las anteriores se enfocaron en crisis regionales como La Guajira y Catatumbo–, otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo la creación de nuevos impuestos sin pasar por el Legislativo.

Entre las medidas propuestas figuran un incremento en el impuesto a las transacciones financieras del 0,4% al 0,5%, la ampliación del impuesto al patrimonio para fortunas superiores a 2.000 millones de pesos con tasas hasta del 5%, y gravámenes adicionales a actividades como el consumo de licor, cigarrillos y apuestas en línea.

Petro también ha mencionado la posibilidad de reducir salarios a congresistas, argumentando que la emergencia permite ajustes en el gasto público para equilibrar las finanzas nacionales.

Desde el oficialismo, se defiende la medida como una respuesta urgente a una crisis fiscal «extraordinaria» que amenaza la estabilidad económica del país, especialmente en un contexto de presiones externas y obligaciones acumuladas. «La situación fiscal adquirió el carácter de grave por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la nación», reza el decreto.

Sin embargo, la oposición ha rechazado tajantemente la declaratoria, considerándola un abuso de poder que socava la separación de poderes y el rol del Congreso. Sectores empresariales y políticos de centro-derecha advierten que podría generar inestabilidad jurídica y desincentivar inversiones, particularmente durante la temporada navideña y en vísperas de las elecciones legislativas de marzo de 2026.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras una reunión virtual, optó por no analizar el decreto de inmediato, aplazando su estudio hasta el fin de la vacancia judicial el 13 de enero, lo que ha intensificado las críticas por permitir que las medidas entren en vigor sin control previo.

Esta confrontación resalta las profundas divisiones políticas en Colombia, donde el Gobierno de izquierda busca avanzar en su agenda de equidad social mediante herramientas excepcionales, mientras la oposición, liderada por figuras como Uribe, insiste en defender los mecanismos democráticos ordinarios.

Analistas coinciden en que el desenlace de la tutela y la eventual revisión constitucional podrían definir el rumbo fiscal del país en los próximos meses, con posibles implicaciones en la confianza inversionista y el debate electoral.