El concejal de Ibagué le exigió a la Secretaría de Gobierno cumplir con el fallo de desalojo del asentamiento en un plazo máximo de dos meses.

En una sesión de control político celebrada este lunes en el Concejo de Ibagué, se abordó la problemática de los asentamientos informales en la ciudad, con especial énfasis en el sector de Villa Resistencia. Durante la jornada, se solicitó a la Administración Municipal un balance sobre las acciones administrativas y judiciales para la recuperación de estos predios.

Exigencia de cumplimiento y enfoque en seguridad

El concejal César Franco intervino para solicitar celeridad en la ejecución de las órdenes de desalojo, señalando que los tiempos legales para intervenir en Villa Resistencia ya están definidos. Según el cabildante, la administración «tiene dos meses de acuerdo a cuando salió el fallo» para proceder con el levantamiento de las construcciones mediante el uso de maquinaria.

Franco argumentó que la demora en estas acciones ha impactado la convivencia ciudadana, afirmando que algunos de estos puntos se han transformado en «un mar de corrupción, de hurtos y de venta de drogas». Asimismo, el concejal hizo una distinción entre los ocupantes, denunciando que existen personas con solvencia económica aprovechando estas situaciones para lucrarse con bienes del Estado, calificando estos actos como «corruptos y ruines».

Finalmente, el debate concluyó con el llamado a basar las soluciones habitacionales en el censo ordenado por el Consejo de Estado. La propuesta es que los recursos del municipio se destinen únicamente a las familias que realmente lo necesiten, con el fin de que «el Estado les dé la mano para que avancen», mientras se instó a los entes de control a vigilar que los funcionarios cumplan con la protección de los bienes públicos.