En el primer caso, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió una demanda de nulidad electoral contra la elección de Ana Mireya Morera Yate como Jefe de Control Interno del municipio. En el documento se señala que la acción fue presentada «a efectos de que se declare la nulidad de la elección […] porque no reúne las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad».

El auto precisa que, tras revisar los requisitos legales, «se concluye que la demanda ha de admitirse», lo que implica que el proceso continuará su trámite para que las partes presenten argumentos y pruebas.

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En una segunda decisión, el Consejo de Estado admitió un recurso de apelación dentro de un proceso de pérdida de investidura contra el concejal Julio César Leyton Capera. Según el documento, la corporación determinó que el recurso fue presentado conforme a la ley: «por haber sido sustentado oportunamente y reunir los requisitos legales […] se admite el recurso de apelación».

Este recurso busca revisar una sentencia previa que había negado la solicitud de pérdida de investidura, por lo que el caso pasará a una nueva instancia para su análisis.

Ambas decisiones corresponden a actuaciones de admisión, lo que significa que los procesos judiciales apenas inician o avanzan a una siguiente etapa, sin que exista hasta el momento una decisión de fondo sobre la legalidad de los actos o la responsabilidad de los involucrados.