La acción judicial busca establecer si existen posibles inscripciones irregulares de votantes en zonas rurales del municipio. 

El Tribunal Administrativo del Tolima admitió una acción de tutela que solicita revisar presuntas irregularidades en el censo electoral del municipio de Chaparral, relacionadas con posibles inscripciones de votantes que no residirían en los lugares donde aparecen habilitados para sufragar.

La decisión fue adoptada el 6 de marzo de 2026 mediante auto firmado por el magistrado José Aleth Ruiz Castro, dentro del proceso con radicación 73001-23-33-000-2026-00094-00. En el documento, el tribunal resolvió admitir la tutela y ordenar la notificación a diversas entidades del Estado para que presenten informes sobre los hechos expuestos.

La acción fue presentada por la veeduría ciudadana ‘Transparencia y Dignidad por el Tolima’, que señala que en el municipio podrían estarse registrando inscripciones de cédulas de personas que presuntamente no residirían en algunas veredas donde figuran como votantes.

De acuerdo con lo expuesto en la tutela, estas situaciones podrían estar relacionadas con un posible fenómeno de trashumancia electoral, práctica que consiste en trasladar votantes a un territorio distinto a su lugar de residencia para participar en elecciones. No obstante, el caso se encuentra en etapa de revisión judicial y las autoridades competentes deberán analizar la información presentada.

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Tras admitir la acción constitucional, el tribunal ordenó notificar a varias entidades, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación del Tolima y la Misión de Observación Electoral.

Estas instituciones deberán presentar un informe detallado sobre los hechos denunciados en un plazo improrrogable de dos días, con el fin de que el despacho judicial pueda analizar la situación dentro del trámite de la tutela.

La admisión de la acción no implica una decisión de fondo sobre las denuncias, sino el inicio del proceso judicial para evaluar si se han vulnerado derechos relacionados con la transparencia del proceso electoral.

El caso queda ahora bajo estudio del tribunal, que deberá analizar la información entregada por las entidades involucradas antes de tomar una determinación sobre las solicitudes presentadas en la tutela.