Tribunal Administrativo del Tolima y los argumentos para suspender el POT

Esta medida que limita el desarrollo de construcciones en Ibagué es transitoria, mientras se debate en sesiones extras del Concejo.

Tras el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima frente al Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Ibagué, según el fallo, sigue pendiente esclarecer cuál será la ruta que debe tomar la ciudad con este documento y los ajustes que se deben hacer con la posibilidad de reformular su componente general en algunos artículos.

Es de recordar que el pasado 2 de junio el Tribunal Administrativo del Tolima se pronunció en segunda instancia sobre la demanda que interpuso la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) contra el municipio con la idea de que se ‘tumbara’ el decreto 0823 de 2014 que adoptó la revisión y ajuste POT.

En el fallo, los magistrados pidieron una modificación, pero solo a unos apartes, exactamente, al numeral primero en la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral que declaró la nulidad del parágrafo tres del artículo 120 y del inciso final del artículo 266. Además, pidió la nulidad total de los artículos 241, 401, 402, 403, 411, 428 y 438.

La nulidad se genera porque el Tribunal consideró que la alcaldía no concertó con Cortolima los artículos que tenían un impacto ambiental para la ciudad.

El concejal Javier Mora publicó un video en redes sociales en el que no solo manifiesta que «el POT es clave para el progreso y la inversión» de la ciudad, sino que además advierte que la decisión judicial deja una «incertidumbre jurídica» que podría ir en contravía de los intereses de los ibaguereños.

«Inmediatamente debemos tomar acciones; quiero pedirle al señor alcalde que inicie una revisión para que atienda el fallo de segunda instancia, sobre lo que se concertó inicialmente con Cortolima porque eso se hizo bajo un POMCA del río Coello que está declarado nulo por el Consejo de Estado», explicó el cabildante.

Sin embargo, una revisión completa al POT solo se podrá hacer hasta la próxima administración, que es cuando se cumple la vigencia a largo plazo del componente general. Dicha vigencia corresponde a tres períodos constitucionales, en este caso la misma iría hasta el 2026, toda vez que el decreto quedó en firme en el 2014.

En este sentido la actual decisión judicial puso freno a la expedición de licencias de parcelación y construcción en zonas rurales, mientras se hacen los ajustes. Por ejemplo, una de las estaciones de gasolina que se construye en El Totumo.

Por su parte Leandro Vera, secretario de Planeación, explicó, que desde que salió el fallo del Tribunal lo que se ha hecho es la adopción y aceptación de lo dispuesto y lo que se viene es proceder a la implementación de los artículos como se pactaron con la autoridad ambiental en ese entonces.

“Lo primero que se hizo por parte de la Secretaría de Planeación fue solicitarle a la Corporación Autónoma que nos entregara lo concertado en el 2013, Cortolima nos remite la resolución 663 que hace parte de la concertación y lo que hicimos fue documentar y revisar lo concertado para adoptarlo ahora de forma textual”, señaló Vera.

El titular de cartera también aclaró que de la anulación de estos artículos, el que tuvo mayor impacto está relacionado con el uso del suelo rural por el desarrollo urbanístico que se hace en este sector de la ciudad.

“En sí la principal decisión que se toma por el Tribunal es en el desarrollo de la vivienda rural campestre. Este tipo de vivienda nos genera la posibilidad de desarrollo, pero con condiciones específicas, hay dos zonas en donde tenemos el no desarrollo de las mismas por parte de los constructores. En la zona de mitigación y en el Distrito de Manejo Integrado es donde se prohibiría la vivienda campestre”, reseñó el secretario.

Cabe resaltar que el Distrito de Manejo Integrado (DMI) abarca la parte norte y la cuenca alta del río Chípalo.

Mientras se surte el proceso ante el Concejo municipal en sesiones extraordinarias citadas para el próximo 1 de septiembre y hasta el 13 del mismo mes, donde se busca “blindar” el trámite, allí se presentará un proyecto de acuerdo en sesiones extraordinarias con la intención de que el mismo se discuta y se adopten los lineamientos bajo acuerdo. La Secretaría de Planeación emitió una circular en donde le pone ‘freno’ a la expedición de licencias de construcción en la zona rural.

En ese sentido Vera dejó claro que la normativa para la construcción de vivienda rural campestre tiene grandes avances y por eso esperan que una vez la concertación de los artículos del POT pase por el cabildo se deje en firme tal reglamentación.

“La vivienda campestre tiene una dinámica diferente, no es lo mismo que el desarrollo urbano, pero lo que debemos hacer para el municipio es dejar una organización de lo que se viene», finalizó el funcionario.