Se trata de Saúl Cruz, natural del municipio de Rovira, quien actualmente se desempeña como subsecretario del Senado de la República.

Una nueva polémica sacude al país tras conocerse el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que reveló los salarios más costosos del sector público colombiano para el año 2026.

En el primer lugar del ranking aparece un nombre que genera especial ruido en el Tolima. Se trata de Saúl Cruz, natural del municipio de Rovira, quien actualmente se desempeña como subsecretario del Senado de la República. 

De acuerdo con el informe, Cruz recibe un salario mensual de $98.100.000, cifra que asciende a cerca de $135 millones cuando se suman las obligaciones laborales y prestaciones, recursos que salen directamente de los impuestos de los colombianos.

El dato no pasó desapercibido y abrió un fuerte debate nacional, teniendo en cuenta que este salario supera incluso el del Presidente de la República y contrasta con la difícil situación económica que enfrentan millones de ciudadanos.

El ranking lo completan cargos de alto nivel en entidades del Estado:

• 1 Subsecretario del Senado: $98.100.000
• 2 Director del Fondo de Adaptación: $94.700.000
• 3 Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria: $91.000.000
• 4 Secretario del Senado: $53.600.000
• 5 Director de Derechos de Autor: $53.600.000
• 6 Secretario General de la Cámara: $53.600.000

La revelación ha reavivado la discusión sobre la austeridad en el gasto público, la desigualdad salarial y la falta de topes claros en la remuneración de altos funcionarios, especialmente en el Congreso, una de las instituciones con mayor desaprobación ciudadana.

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Aunque desde sectores cercanos al Legislativo se argumenta que estos cargos implican altas responsabilidades técnicas y administrativas, para muchos ciudadanos resulta difícil justificar que un solo funcionario cueste al Estado más de $1.600 millones al año, en un país donde el salario mínimo apenas es de 2 millóns de pesos.

El caso del tolimense Saúl Cruz se convierte así en el epicentro de una controversia que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda:

¿Está el Estado pagando lo que corresponde o manteniendo privilegios alejados de la realidad del país?