Tarifas de energía en el Tolima de las más altas del país

Usuarios exigen respuestas a la Superservicios por «abusos» de Celsia, la empresa operadora del servicio en el departamento. Así lo advirtió el congresista Miguel Ángel Barreto, quien frente al panorama adelantará debate de control político en el Senado de la Republica.

En medio de un creciente descontento por el aumento de las tarifas de energía, los usuarios en el Tolima han encendido las alarmas sobre lo que consideran abusos sistemáticos por parte de Celsia.

La situación ha llevado a múltiples convocatorias para exigir respuestas concretas de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Creg, instituciones encargadas de regular el sector energético del país.

De acuerdo al senador conservador, Miguel Ángel Barreto Castillo, defensor destacado de los usuarios del país y duro crítico de las empresas de servicios públicos frente a las tarifas: «¿El usuario para cuándo ?, ¿Cuál es el papel real de Superintendencia de Servicios Públicos frente a los abusos de Celsia?, porque los usuarios no aguantan más», enfatizó, exigiendo respuesta de manera inmediata.

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«Mientras las tarifas de energía siguen golpeando el bolsillo de los colombianos y, en especial, a los tolimenses, Superintendencia de Servicios Públicos y Comisión de Regulación de Energía y Gas miran hacia otro lado. Seguiremos insistiendo, por eso citamos a debate de control político a las instituciones sector. ¡Basta de abusos! Urgen acciones concretas para proteger a las familias y regular las tarifas con justicia«, agregó el congresista.

Mientras tanto, los usuarios continúan insistiendo que ya no pueden aguantar más los altos costos que impactan directamente su economía, por eso la necesidad de un debate de control político en el Senado para que las instituciones del sector rindan cuentas y se tomen medidas efectivas para proteger a las familias colombianas.

«Exigimos acciones concretas para regular las tarifas con justicia», afirmaron representantes de los usuarios en una reciente protesta.

La situación actual pone de relieve la necesidad urgente de una revisión de las políticas tarifarias y de una mayor vigilancia por parte de las entidades reguladoras, que hasta ahora han sido acusadas de mirar hacia otro lado ante los problemas que enfrentan los consumidores.