El senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del partido Centro Democrático, se refirió a su no participación en las elecciones legislativas de 2026, atribuyendo su decisión a «asuntos familiares».

En un video difundido por W Radio, Ramírez, enfatizó que priorizará su vida personal tras años de servicio público.

«He tomado esta decisión por motivos familiares, para estar más cerca de los míos», declaró el congresista, quien ha representado a Boyacá en el Senado desde 2014.

Sin embargo, el anuncio ha desatado un torbellino de especulaciones en redes sociales y entre analistas políticos, quienes vinculan la renuncia no a razones domésticas, sino a las persistentes investigaciones judiciales que pesan sobre el senador.

Ramírez, hijo del exsenador conservador Ciro Ramírez Pinzón –condenado en 2011 a siete años y medio de prisión por nexos con paramilitares en el escándalo de la parapolítica–, ha enfrentado múltiples sombras legales a lo largo de su carrera.

En 2013, la Procuraduría lo absolvió de cargos similares por parapolítica, pero su trayectoria ha estado marcada por demandas y tutelas archivadas, como una interpuesta por el Partido Liberal en 2014 para anular su elección a la Cámara de Representantes, y otra en 2018 por vulneración al buen nombre.

El foco principal de las críticas radica en el proceso judicial conocido como «Las Marionetas 2.0», una investigación por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante el gobierno de Iván Duque.

El congresista fue imputado en octubre de 2023 por la Procuraduría por su supuesta participación en el direccionamiento de al menos 15 contratos por más de 9.000 millones de pesos, adjudicados irregularmente en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Los delitos que se le atribuyen incluyen concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El senador fue detenido en diciembre de 2023 y permaneció 16 meses en prisión preventiva en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Su liberación, ordenada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo de 2025, se produjo tras concluir la fase de recolección de pruebas, al considerar el tribunal que ya no era necesario mantener la medida de aseguramiento.

Le puede interesar: Juan Felipe Lemos asegura que busca fortalecer la autonomía financiera de los departamentos durante visita al Tolima

No obstante, el proceso no ha finalizado: la Corte se encuentra en deliberación para emitir un fallo definitivo sobre su culpabilidad o inocencia.

Testimonios de la Fiscalía lo señalan por supuestamente haber recibido sobornos por hasta 1.000 millones de pesos, en alianza con el exdirector del DPS, Pierre Eugenio García, quien también enfrenta cargos similares.

Al retomar su curul en el Senado en mayo de 2025, Ramírez defendió su inocencia en un emotivo discurso: «Pude demostrar mi inocencia en el juicio; ya se acabó». Sin embargo, críticos y opositores, como el senador Iván Name –también investigado por corrupción–, han cuestionado esta afirmación, recordando que el caso sigue activo y que su salida de prisión fue por vencimiento de términos, no por absolución.

En redes, usuarios ironizan sobre los «asuntos familiares», aludiendo a la posibilidad de una condena inminente que lo alejaría de la política.

«Salió de la cárcel a votar contra las reformas, nadie olvida eso», tuiteó un usuario, mientras otro bromeó: «Asuntos familiares = Tengo que volver a la cárcel».