La Gobernación anunció nuevas medidas de control y habilitará un canal directo para recibir denuncias ciudadanas.

El Instituto Departamental del Deporte del Tolima, Indeportes, atraviesa un nuevo capítulo de cambios administrativos luego de que la gobernadora Adriana Matiz ordenara un relevo en la dirección de la entidad, en medio de las denuncias y actuaciones de control relacionadas con la contratación de prestación de servicios durante 2026.

La decisión cobija a la gerente Francy Liliana Salazar, cuya salida se conoce después de que la Contraloría Departamental del Tolima anunciara una actuación especial de fiscalización sobre contratos que superarían los $3.000 millones. El organismo de control busca determinar si los procesos cumplieron los requisitos legales y si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.

El caso tomó relevancia luego de denuncias públicas sobre más de 100 órdenes de prestación de servicios (OPS). Entre los aspectos que serán objeto de revisión están los perfiles de las personas vinculadas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la documentación utilizada para sustentar la ejecución de los contratos.

La Contraloría explicó que la actuación permitirá seleccionar y revisar una muestra de las OPS tramitadas durante la vigencia actual para establecer qué ocurrió con los recursos y determinar si existen hallazgos de carácter fiscal. Hasta ahora, se trata de una investigación en curso y no de una determinación definitiva de responsabilidades.

El remezón en Indeportes también se extiende a otras áreas de la institución. Previamente se había conocido la salida de la directora deportiva, Biviana Rocío Romero, además de solicitudes de renuncia a otros integrantes del equipo, en el marco de las medidas adoptadas por la administración departamental.

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Como parte de las nuevas medidas, la mandataria anunció además la habilitación de un canal exclusivo de correo electrónico para recibir denuncias ciudadanas, mecanismo que será supervisado por la propia Gobernación con el propósito de reforzar el control sobre los procesos de contratación departamental.

La Gobernación sostuvo que estas modificaciones buscan separar de la gestión administrativa a quienes estén relacionados con procesos de investigación, sin desconocer las garantías constitucionales que les corresponden.

La gobernadora Adriana Matiz fijó su posición frente al manejo de los recursos públicos y las actuaciones que puedan generar cuestionamientos sobre la administración departamental: «Conmigo no hay tapen-tapen. Conmigo debe haber hechos bien hechos, trabajo 24/7 y rigor técnico sin excepción. Los recursos públicos son sagrados y no toleraré ninguna sombra».

Además del relevo directivo, la Gobernación anunció la creación de un canal exclusivo para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en la contratación departamental. La herramienta será supervisada por la Administración con el propósito de facilitar la recepción de información y fortalecer los mecanismos de control.

Matiz también se refirió al papel que han desempeñado los medios de comunicación y los ciudadanos que han puesto en conocimiento público las situaciones que ahora son objeto de revisión: «Agradezco a los medios de comunicación y a las personas que hicieron públicos estos hechos. De mi parte habrá siempre atención a las críticas y a las denuncias sustentadas».

Mientras avanzan las verificaciones de los organismos de control, la Gobernación aseguró que la reorganización administrativa no afectará la operación deportiva del departamento. Los programas dirigidos a los atletas, las ligas, las competencias y los procesos de infraestructura deberán continuar con normalidad.

La actuación de la Contraloría será determinante para establecer si las denuncias sobre la contratación de Indeportes se traducen en hallazgos fiscales u otro tipo de responsabilidades. Por ahora, las presuntas irregularidades continúan bajo investigación y corresponderá a las autoridades competentes establecer las conclusiones respectivas.