Raíces profundas

Por: Camilo Ossa

Un sistema de cargas y beneficios para resolver el problema de agua potable y saneamiento básico en la ciudad, es, sin duda alguna, el mecanismo que debemos considerar adoptar  ante el alto nivel de endeudamiento del municipio, es esta una alternativa, contemplada en la Ley 388 de 1997 para dotar de este derecho-servicio a la comunidad ibaguereña (ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones).  La capacidad financiera del municipio terminará siendo una barrera al desarrollo sí, las obras, planes y proyectos objeto del endeudamiento no se ejecutan o quedan incompletas.

Miremos lo siguiente, el presupuesto de Ibagué para el año 2023 es de $862.312 millones, de ahí, $33.447 millones se destinan como servicio a la deuda y de esa suma presupuestal total, corresponden como Ingresos Corrientes de Libre Destinación, la suma de $255.436 millones, de los cuales, el saldo total de la deuda (a diciembre de 2022) era de $251 mil millones, esto es, el 91,67% de esos Ingresos Corrientes de Libre Destinación, casi al tope, teniendo en cuenta que en el año 2021, a través de la Ley 2155 de ese año –artículo 30-, se aumentó el tope al 100%.

Pero, la discusión hay que profundizarla y alargarla, porque no solo hay que planificar la ciudad alrededor del agua, también tenemos que empezar a dialogar y proponer alternativas de solución que incluya, promocione y desarrolle el sector rural del municipio. Entonces, necesariamente requiere, la administración municipal, generar una vinculación (principalmente del orden material) entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Rural, pues el modelo de ordenamiento territorial que debe diseñarse y discutirse en el siguiente cuatrienio, no puede dejar de lado las carencias, necesidades, potencialidades y oportunidades del campo ibaguereño, es ahí (en la ruralidad) que está la principal oportunidad de crecimiento económico local.

Es agua (infraestructura para conducirla), pero también son vías, acceso a los recursos tecnológicos, educación, salud, acompañamiento para el establecimiento de sistemas agroalimentarios, etc., pero estas y cualquier otra política de adelantamiento y superación del atraso, requiere saber y determinar qué tenemos y para qué lo tenemos (esto último en una apuesta por impulsar la vocación productiva), dicho de otra manera, el diálogo entre lo urbano y lo rural, es más que una formalidad, es un imperativo material de organización y funcionamiento. El siguiente, debe ser el inicio de ese entendimiento:

Primero, la definición del territorio como un espacio socialmente construido, más que como un espacio geográfico, segundo, el reconocimiento de la variedad en la economía rural, más allá de la actividades agrícolas, tercero, la tasación de las relaciones rurales-urbanas, con sus interdependencias y articulaciones, cuarto, las estrategias y programas de desarrollo de cada territorio deben pensarse, construirse y ejecutarse desde el territorio, de manera horizontal, con interacción de las dinámicas supraterritoriales de todo tipo, quinto, la estrategia y el programa de desarrollo de cada territorio debe incluir la construcción de un actor territorial colectivo.

Esta tarea, hay que encargársela a una renovada institucionalidad agrícola, que tenga como fin último, la satisfacción de las necesidades básicas y un aumento en la productividad del campo. Es echar raíces.