El proceso está relacionado con un proyecto de saneamiento rural financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Más allá de las capturas del alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, su antecesor, Miller Aldana Castro, y una contratista, el proceso judicial se concentra en presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto financiado con recursos de regalías.

Según la Fiscalía, los tres investigados se habrían articulado para presuntamente direccionar un contrato de obra y dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio. El proyecto tuvo una inversión de $21.550 millones y permanece inconcluso.

Los contratos fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, con recursos del Sistema General de Regalías gestionados a través del OCAD Paz, debido a la condición de Ataco como municipio PDET.

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Los tres delitos bajo investigación

La Fiscalía anunció que, de acuerdo con la posible responsabilidad individual que establezca frente a cada uno de los capturados, solicitará la imputación de tres delitos:

• Interés indebido en la celebración de contratos: está relacionado con la hipótesis de que un servidor público habría intervenido en la contratación buscando un interés particular o ajeno al cumplimiento de los fines de la administración pública.
• Falsedad ideológica en documento público agravada: se refiere a la posible incorporación de información contraria a la verdad en documentos públicos por parte de quien tenga la responsabilidad de consignarla.
• Peculado por apropiación agravado: corresponde a una investigación relacionada con la posible apropiación de recursos públicos por parte de un servidor público o de un tercero con su intervención, en las circunstancias que contempla la ley.

Estos son los delitos que la Fiscalía anunció que imputará, pero la imputación no significa que exista una condena. La responsabilidad de cada investigado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

El proyecto cuestionado contemplaba soluciones sanitarias para comunidades rurales de Ataco y, de acuerdo con la Fiscalía, continúa sin terminar pese a los recursos destinados para su ejecución.

Como antecedente independiente, la Procuraduría abrió en mayo de 2024 una investigación disciplinaria contra Muñoz Briñez y Aldana Castro por presuntos hechos relacionados con la repartición de cargos y contratos en la administración municipal. Esa actuación corresponde a un proceso diferente al caso penal que ahora adelanta la Fiscalía. 

Los tres investigados deberán comparecer ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía expondrá los elementos que sustentan su solicitud de imputación.