En la Cámara de Representantes se desata una tormenta política tras las muertes de menores en bombardeos.

En un Congreso con un ambiente candente por la indignación, la representante a la Cámara Katherine Miranda ha encendido la mecha de una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, un general en retiro cuya gestión bajo el paraguas de la «paz total» de Gustavo Petro se tambalea ante el peso de al menos 15 vidas infantiles truncadas por bombardeos militares.

Radicada este martes con el respaldo de 30 congresistas –un mosaico improbable que incluye tres del oficialista Pacto Histórico–, la iniciativa no es solo un trámite parlamentario: es un referendo brutal sobre el costo humano de la guerra asimétrica que azota las entrañas del país, donde el reclutamiento forzado de niños se ha disparado un 160% en lo que va del año, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El detonante, fueron los operativos aéreos ejecutados entre agosto y noviembre en las selvas de Guaviare, Amazonas y Arauca, bastiones de las disidencias de las FARC comandadas por alias «Iván Mordisco».

En un bombardeo el 15 de noviembre en Guaviare, siete menores –víctimas de un reclutamiento que al parecer los convirtió en escudos humanos involuntarios– perecieron junto a 18 guerrilleros adultos, según el informe preliminar de la Fuerza Aérea Colombiana.

Le puede interesar: ¡Todos quieren ser presidente en Colombia!

Horas después, en Amazonas, tres más cayeron bajo las bombas; en Arauca, cinco adicionales. «Estos niños no eran combatientes; eran rehenes de un horror que el Estado prometió erradicar», declaró Miranda, al radicar el documento ante la Secretaría General de la Cámara.

La moción invoca violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario específicamente el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra y acusa al Ministerio de no implementar protocolos de verificación de inteligencia previos a los ataques, un fallo que, según expertos de la ONU, podría clasificarse como crimen de guerra si no se corrige.

Sánchez, un militar de carrera condecorado por operaciones contra las FARC en la era Uribe, asumió el cargo en agosto de 2024 como baluarte de la política petrista de «paz con vida».

Pero lo que comenzó con negociaciones con disidencias que prometían desmovilizaciones se ha convertido en un laberinto de traiciones y bajas colaterales. En su defensa, el ministro compareció virtualmente ante la Comisión de Defensa el lunes, argumentando que «la inteligencia confirmaba la presencia de objetivos de alto valor, y el reclutamiento forzado es una táctica criminal de los grupos armados que obliga a diferenciar entre verdugos y víctimas».

No obstante, un informe interno de la Fiscalía, al que accedió El Tiempo, revela que en al menos dos de los bombardeos, las coordenadas se basaron en fuentes «no verificadas al 100%», un eufemismo para la niebla de la guerra que ha costado 47 menores en operativos similares desde enero.

Petro, desde el Palacio de Nariño, respaldó a su ministro en un trino: «La paz total no es ingenua; es tenaz contra el terror que secuestra infancias». El tablero numérico en la Cámara de Representantes –188 escaños en total– pinta un panorama precario para Sánchez.

La moción requiere 94 votos para prosperar y forzar su renuncia, un umbral que Miranda calcula alcanzable con el descontento transversal: Alianza Verde (21 firmas iniciales), Conservadores (5), Centro Democrático (3) y los tres del Pacto Histórico –Jennifer Pedraza, María Teresa González y Andrés Ricaurte–, quienes rompieron filas al denunciar «inconsistencias éticas» en los protocolos.

«Es un quiebre histórico en el oficialismo; estos congresistas ven en Sánchez el chivo expiatorio de una política que ha multiplicado el reclutamiento infantil», analiza el politólogo de la Universidad de los Andes, Rodrigo Uprimny, en una columna para El Espectador.

De prosperar, el debate plenario –previsto para la semana entrante– podría escalar a un juicio político que Petro difícilmente absorbería, ya que sumaría a las cinco mociones previas contra su gobierno en dos años: desde la fallida contra la ministra de Transporte en 2023 hasta la reciente contra el canciller por el escándalo de visas.