Procuraduría investiga irregularidades en contrato de $2.157 millones para salones comunales en Ibagué

El convenio habría presentado inconsistencias en su presupuesto y en los procedimientos previos a su ejecución, lo que podría comprometer la adecuada gestión de los recursos públicos.

La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas irregularidades en la planeación de un contrato de $2.157 millones destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales en la ciudad. El contrato, firmado por un valor de $2.157.713.967, ha sido objeto de preocupación debido a inconsistencias que podrían comprometer la adecuada gestión de los recursos públicos.

El informe técnico que originó la indagación señaló deficiencias significativas en el presupuesto del proyecto. En particular, se observó que el porcentaje asignado al rubro de Administración (AIU) fue de un 25,19%, sin que se presentara un desglose claro que explicara el destino de estos recursos ni los conceptos específicos a los que se aplicarían.

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Además, la Procuraduría advirtió sobre una posible demora injustificada en el inicio de las obras. Aunque el contrato fue legalizado el 5 de enero de 2024, el acta de inicio fue firmada hasta el 17 de julio del mismo año, a pesar de que el plazo de ejecución era de 150 días calendario. La demora se atribuye a la falta de permisos necesarios, como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental para la tala de árboles, lo que retrasó el comienzo de las actividades.

La Procuraduría ha tomado medidas para esclarecer los hechos y evaluar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la ejecución de este contrato.