La falta de decisiones oportunas en segunda instancia y los tiempos extendidos para admitir demandas generan críticas desde el sector jurídico.

El abogado litigante José Francisco Montúfar Rodríguez expresó su preocupación por la situación que atraviesan varios despachos judiciales en los departamentos de Tolima y Huila, donde, según afirmó, se registran demoras significativas en el trámite de los procesos. El jurista calificó el panorama como una “profunda crisis” que estaría afectando el acceso efectivo a la justicia.

De acuerdo con Montúfar, uno de los escenarios más críticos se presenta en procesos que ya se encuentran en segunda instancia. Señaló que existen expedientes que cumplieron todas las etapas procesales y probatorias, pero que llevan cerca de cuatro años a la espera de una decisión de fondo. Según indicó, la única respuesta recibida por parte de los despachos es que los casos permanecen en turno.

El abogado aseguró que este tipo de retrasos no son excepcionales. En su experiencia profesional, afirmó que es frecuente encontrar demandas que tardan hasta tres años únicamente para ser admitidas, lo que impide que los procesos avancen desde sus primeras fases y mantiene a las partes involucradas en un estado prolongado de incertidumbre jurídica.

El impacto de esta situación, explicó, no se limita al ámbito procesal. Montúfar advirtió que la mora judicial tiene consecuencias económicas significativas tanto para los litigantes como para sus clientes, ya que los abogados no cuentan con ingresos fijos asociados a estos casos y dependen del avance normal de los procesos para su sustento.

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Asimismo, el jurista hizo referencia al desgaste emocional que genera la ausencia de respuestas claras por parte del sistema judicial. A su juicio, la prolongación de los tiempos se ha vuelto una práctica recurrente que termina afectando derechos fundamentales, entre ellos el acceso oportuno a la justicia.

Con su pronunciamiento, Montúfar busca llamar la atención de las autoridades competentes sobre lo que considera una problemática de carácter estructural. Indicó que está dispuesto a aportar documentación y detalles técnicos de los expedientes para respaldar su denuncia y promover correctivos frente a la mora judicial.

Finalmente, el abogado señaló que esta situación no es exclusiva de su ejercicio profesional, sino que refleja una realidad que enfrentan numerosos litigantes en distintas regiones del país, motivo por el cual consideró necesario visibilizar el tema ante la opinión pública.