Por: Dahian García Covaleda

El 11 de febrero, en Chaparral, pasó algo que debería incomodar a cualquiera que crea en la democracia, sin importar su camiseta política. En un evento esperado por años (la entrega de tierras a campesinos que las reclamaban por justicia social) la gobernadora del Tolima fue abucheada, desconocida como primera autoridad del departamento y, peor aún, excluida del orden del día. No fue un desliz logístico. Fue un mensaje político.

Y ese mensaje preocupa.

Porque si algo ha enarbolado la izquierda colombiana es la bandera de los derechos, la dignidad y la participación. Pero cuando la violencia política (así sea simbólica) proviene de sus propias filas o beneficia su narrativa, el silencio se vuelve ensordecedor. ¿Por qué la indignación parece tener color partidista?

En el Tolima, lo ocurrido no es un asunto menor. No se trató solo de un acto protocolario mal llevado. Se trató de desconocer institucionalmente a una mujer elegida como primera autoridad del departamento. Para quienes hacemos política (y más aún para las mujeres que la hacemos) estos gestos no son anecdóticos, son recordatorios de que el poder todavía se disputa también desde la humillación pública.

La campaña presidencial ya terminó. Sin embargo, el único líder que se comporta como si estuviera en campaña permanente es el presidente Gustavo Petro. En lugar de tender puentes, insiste en profundizar divisiones. Y cuando se refiere a mujeres que lo contradicen o representan otra corriente política, suele reducir el debate a descalificaciones personales o insinuaciones que poco tienen que ver con argumentos y mucho con estereotipos.

Aquí vale la pregunta incómoda: ¿por qué sectores que se autoproclaman feministas guardan silencio cuando la deslegitimación recae sobre una mujer que no es de su orilla ideológica? ¿Desde cuándo el feminismo depende del partido?

La izquierda ha sido (con justicia) crítica de la violencia política ejercida históricamente desde el establecimiento. Pero el estándar democrático no puede ser selectivo. No se puede denunciar el patriarcado cuando viene de la derecha y minimizarlo cuando se filtra en las propias filas. No se puede hablar de sororidad en abstracto y practicar el cálculo político en concreto.

Lo ocurrido en Chaparral no es solo un desaire protocolario. Es una señal de cómo se naturaliza la exclusión cuando el adversario no merece (según algunos) reconocimiento institucional. Es la peligrosa idea de que la legitimidad democrática depende de la afinidad ideológica.

Y eso, venga de donde venga, es violencia política.

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Quizá la lección más incómoda es esta, ser de izquierda no es sinónimo automático de ser feminista, ni de ser demócrata ejemplar. En todos los espectros habita el mismo riesgo; creer que la causa propia justifica los medios. Que el fin redime la forma. Que el adversario no merece las reglas del juego.

Si algo necesita hoy Colombia no es una izquierda ciega ni una derecha revanchista, sino una ciudadanía capaz de exigir coherencia. Porque la democracia no se defiende solo cuando conviene. Se defiende, sobre todo, cuando incomoda.

Y en Chaparral, lo que incomodó fue reconocer que el respeto institucional no debería tener ideología.