Se busca aclarar si la Metib fue convocada por la Alcaldía de Ibagué para coordinar alguna acción interinstitucional ante la violencia ocurrida dentro del campus. 

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a las autoridades competentes un informe detallado sobre las acciones tomadas tras la ola de vandalismo que afectó a la Universidad del Tolima el pasado 13 de marzo de 2025. El rector de la institución, Ómar Mejía Patiño, denunció disturbios que desataron caos y descontrol entre la comunidad universitaria, causando daños a la infraestructura y poniendo en riesgo la integridad de los miembros de la universidad.

Según el relato del rector, mientras se desarrollaban con normalidad las actividades académicas y administrativas en el campus, se escucharon múltiples detonaciones de artefactos explosivos caseros, conocidos comúnmente como ‘papas bomba’. En ese mismo momento, se reportó la presencia de individuos encapuchados en diversas áreas del lugar, generando alarma y confusión entre los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Ante estos hechos, la Procuraduría ofició a la Policía Metropolitana de Ibagué (Metib), solicitando un informe sobre si algún miembro de la comunidad universitaria o ciudadano había requerido intervención durante los disturbios. En particular, se pidió aclarar si la Metib fue convocada por la Alcaldía de Ibagué para coordinar alguna acción interinstitucional ante la violencia ocurrida dentro de la universidad.

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Además, la Procuraduría requirió que se indicara el número de noticias criminales relacionadas con estos hechos, con el fin de avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido. También se solicitó al secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, un informe sobre las actuaciones realizadas en el marco de sus competencias y recordó la importancia de evaluar los apoyos necesarios para garantizar la seguridad en la universidad.

La Procuraduría subrayó la urgencia de abordar las condiciones de infraestructura de la universidad, que en ocasiones se han visto comprometidas, poniendo en peligro la seguridad de la comunidad educativa en eventos de esta naturaleza. Asimismo, pidió al secretario del Interior departamental activar las rutas de protección para los funcionarios de la universidad que pudieran estar en riesgo debido a estos hechos violentos.

En su misiva, el ente de control hizo un llamado a las autoridades a actuar con diligencia y recordó que las acciones de la Procuraduría están orientadas a fomentar el consenso y el diálogo con todas las partes involucradas, con el fin de superar las dificultades presentadas y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria.