El presidente anuncia reunión de concertación inmediata y advierte que reducir el poder adquisitivo atentaría contra la vida y la economía nacional.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó un incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 (llevándolo a $1.750.905 más auxilio de transporte, para un total aproximado de $2.000.000).

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario defendió la medida como un mandato constitucional y anunció pasos para cumplir con la orden judicial mientras se resuelve el fondo del caso.

Petro enfatizó que el decreto se ajusta a la Constitución y a criterios económicos. «El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él», afirmó.

Y agregó: «Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución; respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la constitución».

El jefe de Estado indicó que, por respeto al magistrado ponente, el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación con la participación de movimientos sociales. «Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá», escribió.

Explicó que esta discusión se basará en datos recientes: «La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia».

Petro advirtió sobre las consecuencias negativas de una reducción en el poder adquisitivo y llamó a un pacto social amplio. «Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional», señaló.

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Añadió el jefe de Estado: «El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Como dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz».

Finalmente, reiteró la defensa de los derechos laborales y convocó a la expresión popular. «Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario», expresó.

Al concluir su publicación, invitó al pueblo trabajador a «expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional».

Es de recordar que el Consejo de Estado en su medida cautelar, ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los criterios legales establecidos (como inflación, productividad y otros parámetros de la Ley 278 de 1996), sin que ello constituya un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto original.